La fiscalía anticorrupción se ratificó ayer en la imputación de un supuesto delito de malversación de caudales públicos contra el ex edil del Partido Popular de Palma Javier Rodrigo de Santos, que será juzgado por un jurado. El fiscal Juan Carrau pidió ayer la retirada preventiva del pasaporte del ex teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, que, tras comparecer durante 45 minutos en el juzgado, continuó en libertad.
De Santos, acompañado por su letrado Bartolomé Vidal, compareció ante la jueza de instrucción 5 de Palma a las 9 de la mañana y para serle formulado el escrito de cargos que supone la conversión de la causa en un procedimiento de jurado popular. El delito de malversación de caudales públicos por parte de políticos o funcionarios es uno de los que la Ley reserva a los jurados.
Gastos en clubes y tiendas
La fiscalía reprodujo en su escrito de imputaciones básicamente el mismo relato de la querella formulada contra el ex regidor el pasado 12 de marzo.
La querella imputa a De Santos un presunto delito de malversación continuada de caudales entre los años 2006 y 2007, cuando empleó una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (que presidía) para pagar decenas de servicios en clubes de alterne homosexuales de Palma y Madrid, así como compras privadas en tiendas.
El fiscal apuntó que dicho delito podría castigarse con penas de entre 6 y 8 años de cárcel. No obstante, De Santos, que todavía no ha dado ninguna explicación ante la Justicia sobre los hechos, ha devuelto el dinero desviado (50.508 euros) y alega sufrir una severa adicción a la cocaína, lo que podría suavizar su posible condena.
