El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma en el anterior mandato del Partido Popular, Javier Rodrigo de Santos, regresó ayer por segunda vez a la Clínica Forense de los juzgados de Vía Alemania para completar su exploración de cara a acreditar la alegada adicción a las drogas duras. De Santos, acompañado por su abogado Bartomeu Vidal, visitó a los forenses que le sometieron a una exploración nasal y a la toma de muestras de cabellos para certificar las huellas dejadas por el consumo prolongado de cocaína, una adicción que ya ha sido documentada por otros médicos.

De Santos está acusado de un presunto delito de malversación de caudales por gastarse más de 50.000 euros de fondos municipales en servicios de clubes de alterne homosexuales de Palma y Madrid. El imputado, que entre 2003 y 2007 fue teniente de alcalde de Urbanismo y presidente de una empresa municipal de obras y servicios a la que estaba adscrita la tarjeta de crédito usada para fines particulares en los clubes, presentaba ayer el mismo aspecto cabizbajo que el lunes.

El político conservador aportó al juzgado de instrucción 5 de Palma unos certificados médicos que aluden a posibles secuelas físicas en su nariz por el consumo de cocaína inhalada.

Breve exploración

Los forenses ayer le exploraron brevemente dicho apéndice para comprobar si sufre estas lesiones típicas de los cocainómanos muy enganchados. La toma de muestras de tres cabellos diferentes no se hizo el lunes por un problema burocrático y se materializó en la segunda visita de ayer.

Estos cabellos serán analizados por laboratorios especializados en medicina forense para determinar si aparecen en ellos restos de consumos anteriores de cocaína u otras substancias.

Pase a jurado y conformidad

El antiguo regidor del PP y alto funcionario de Hacienda regresará en breve a Palma para la comparecencia prevista en la Ley de Jurado, un trámite en el que se fijan los hechos que serán objeto de juicio oral. Sin embargo, todo apunta a que, si se acredita la toxifrenia del inculpado y dada la devolución del dinero distraído, se pacte una conformidad con la fiscalía.