Javier Rodrigo de Santos en calidad de presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMOP) fue el único concejal del anterior consistorio que participó en el consejo de administración celebrado el 7 de febrero de 2007 y en el que se aprobó, presuntamente de forma ilegal, sin que el punto estuviera en el orden del día y en el apartado de ruegos y preguntas, el gasto de 1,4 millones para la réplica del castillo de Bellver levantado en el Parc de sa Riera, aparatos de gimnasia y su obra civil.
La adquisición a dedo del castillo y sin los preceptivos requisitos de concurrencia y publicidad está siendo investigada por la fiscalía anticorrupción por si son constitutuvos de un presunto delito de prevaricación. El fiscal también se ha querellado contra el ex teniente de alcalde de Urbanismo y coordinador municipal por un presunto delito de malversación continuada de fondos públicos al haber pagado con la Visa de la empresa municipal servicios sexuales en prostíbulos masculinos por una cifra provisional de 50.408 euros.
En este consejo estuvo ausente su vicepresidente Rafel Duran, actual concejal del PP y en aquel entonces teniente de alcalde de Juventud y Deportes. Tampoco participó el actual concejal conservador Julio Martínez, a la sazón director general de Hacienda. Asistieron, además de la gerente, Gloria Penalva; el gerente de Urbanismo, Juan José Ferrando; el director general de Medio Ambiente, Iñaki Miniño; y el arquitecto y funcionario Fernando González y el consejero Xavier Pomar. Había también un representante de la intervención municipal y el jefe de los servicios jurídicos municipales José Luís Alemany. Estos dos últimos con voz, pero sin voto.
Cuando se aprobó el gasto en febrero de 2007 el castillo ya había sido construido después de que el 23 de mayo de 2006 la filial española de la empresa sueca Hags recibiera una carta con el pedido y una posterior confirmación
