La Comisión Europea, en una nueva muestra de audacia, está impulsando un nuevo tributo para que los gigantes tecnológicos (Apple, Google, Amazon, Microsoft, etc.), que se benefician de los resquicios legales de los estados miembros para pagar tasas impositivas muy inferiores a las del resto de empresas, presten una mayor contribución a los países en que residen. La propuesta de Bruselas pasa porque las grandes compañías que facturen más de 750 millones de euros anuales paguen un 3% sobre sus ingresos -en realidad deja margen para fijar la tasa entre el 1% y el 7%-. La Comisión calcula que el gravamen aportaría unos 5.000 millones al año a los socios europeos, de los que unos 500 millones podrían corresponder a España. Montoro ha explicado que "no es un impuesto sobre los consumidores, ni sobre los usuarios de esos servicios. Es un impuesto a las grandes empresas que no pagan suficiente en los estados donde realizan un importante volumen de negocios" y que servirá para mejorar los servicios sociales de los países; en España, esta nueva figura tributaria ha allanado el camino a la subida de las pensiones en los presupuestos.
Por si no lo recuerdan, el tipo general del Impuesto de Sociedades en España es del 25%, o sea que obligar a las grandes tecnológicas a pagar un 3% no es precisamente una crueldad ni un abuso. Más bien contrasta el celo abrumador con que las autoridades fiscales europeas controlan la fiscalidad de sus clases medias, de sus trabajadores autónomos, de sus pymes, con la suavidad del trato a las grandes multinacionales.
