Todavía resuenan en la Cámara Baja las recientes y solemnes manifestaciones de Mariano Rajoy sobre la necesidad imperiosa de abordar con magnanimidad y sin un ápice de demagogia la cuestión de las pensiones para garantizar su indubitable sostenibilidad futura. Para ello, no quedaría más remedio que aceptar la reforma del sistema introducida por el PP en solitario en 2013, que creaba un "factor de sostenibilidad" que en realidad reducía la cuantía de las pensiones a medida que aumentaba la esperanza de vida y descendía o se estancaba la población activa por causas demográficas.
Muchos no aceptamos en su momento aquella argumentación, pero otros quedaron convencidos por el aparente rigor presidencial. Rajoy, investido de la autoridad mágica que le han concedido las urnas, invocó su papel de estadista, que a menudo se manifiesta con el arrojo de decir que no, prudentemente, cuando procede.
Ahora, sin embargo, el PNV ha arrancado con suma facilidad al Gobierno Rajoy la indexación de las pensiones con el IPC durante al menos dos años, a cambio de los cinco votos que permitirán la aprobación de los PGE. Es decir, las pensiones se han intercambiado con la perduración de Rajoy en el poder un año más. La insolvencia, la mala calidad y hasta la venalidad de nuestra política es tan evidente que bien pudiera ocurrir que la indignación popular alcance cotas inesperadas a la primera oportunidad.
