Comparecieron el alcalde Noguera y el concejal de urbanismo Hila para comunicar la decisión que iban a proponer al pleno celebrado ayer sobre el alquiler vacacional en Palma. La posición, compartida por PSOE, Més y Unidos Podemos, es la de prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, en todo el término municipal. Se admite solamente para viviendas unifamiliares. El alcalde, que, por una vez protagoniza una cuestión de verdadera trascendencia municipal, alejada de sus reiterados pronunciamientos sobre cuestiones más etéreas, relacionadas con su ideología política o con promesas situadas en la esfera de los sueños más que en la de las posibilidades, como la reforma del Paseo Marítimo o el llamado tranvía del deseo (de durar), ha manifestado, congruentemente con su acreditado narcisismo y su gusto por la demagogia, que han sido "muy valientes". No sé si una toma de decisión sobre una cuestión municipal como la citada merece o no la calificación de "valiente". Haría falta tener claro a qué riesgos, políticos o de otro tipo, estarían sometidos sus promotores por el extraordinario hecho de que han tomado una decisión estrictamente municipal. No puedo imaginarlos. Más bien conjeturo que tal adjetivación tiene más que ver con el abuso del autobombo y la propaganda permanente del mártir de Cort.
La medida, que antes del pleno ha merecido la oposición del PP ( Marga Durán niega la saturación y reclama planificación, como si liderara Cuba), y, curiosamente, también de Ciudadanos, tiene que ver con el proceso de la gentrificación que está sufriendo Palma. Más allá de la sensación de agobio que provoca la inmensa riada de cruceristas por el centro de la ciudad, lo realmente grave es el proceso de desplazamiento de residentes de ese mismo centro hacia la periferia, de palmesanos hacia pueblos del interior, y la escalada de los precios del alquiler. Los factores determinantes del proceso de gentrificación son: la compra de propiedades en el centro por parte de extranjeros, los alquileres turísticos y el establecimiento de las franquicias de las grandes marcas internacionales. Por todo ello está claro quiénes son y por qué los que han recibido como agua de mayo la decisión, hoteleros y residentes, y los que la han recibido con preocupación, bares, restaurantes y comercio en general. Es obvio que la medida no va a terminar con la gentrificación aunque sí puede que reduzca la conflictividad de una convivencia imposible entre el uso residencial y el turístico. Es cierto que la medida beneficia a los hoteleros, tanto de ciudad como de Cala Major y Platja de Palma. Quizá es la primera vez, que yo recuerde, en que coinciden los intereses, normalmente enfrentados, entre hoteleros y residentes. El ya clásico divergente interés entre hoteles y oferta complementaria, se agudiza, especialmente en zona de sol y playa, porque entre hoteles urbanos y comercio y oferta complementaria hay sinergia común.
Algunos interrogantes plantea la medida. Uno es la justificación de que se autoriza el alquiler vacacional para los unifamiliares por la ausencia de la conflictividad de la convivencia en los plurifamiliares. No creo que se pueda establecer taxativamente que no puedan existir problemas de convivencia, aunque sin duda de menor relevancia. La cuestión de fondo es por qué (si hacemos abstracción de que hay pisos mucho más caros que muchos chalets, y que no todos los chalets son lujosos y están en Son Vida) los propietarios más pudientes puedan dedicarse al alquiler vacacional y los menos pudientes no. Cuando es obvio que quienes más necesidad pueden tener de rentabilizar sus viviendas son estos últimos. ¿Por qué se autoriza en unifamiliares? Un mismo hecho, la propiedad, sometida a diferentes limitaciones sociales.
Hila dijo que se han llegado a comercializar en 2016 cerca de las 20.000 plazas de alquiler vacacional. En estos momentos hay unas 11.000 y en Palma sólo hay autorizadas 645 por lo que el resto es ilegal. Y apoya la medida con el argumento de que los alquileres desde 2013 han sufrido un incremento del 40%. Es decir, uno de los más importantes argumentos y por los que se va a juzgar a los gestores del ayuntamiento es el precio de los alquileres. La medida va a ser evaluada no solamente porque pueda asegurar la convivencia en los plurifamiliares, sino también porque pueda inducir una bajada generalizada de los alquileres. Si esto se produce, va a ser bendecida. Si no, se podría llegar a cuestionar en el futuro.
Otra cuestión que se plantea es sobre la virtualidad de la estricta aplicación de la medida. Si de 11.000 plazas sólo hay, con la ley en vigor, 645 legales, ¿qué tipo de aparato burocrático de inspección y sanción, hoy ridículo, se va a implementar para aplicar con justicia estas medidas a todos? Si las competencias turísticas son de los consells insulares, ¿cuál va a ser el coste de su ejercicio? En el caso de propietarios extranjeros, con inversión en una, dos, o más viviendas, en el casco antiguo o en el barrio de santa Catalina u otros, que no comercialicen sus viviendas por plataformas como Airbnb o Tripadvisor, sino que lo hagan en su país por otros medios no detectables y justifiquen la ocupación de sus viviendas por el sistema de intercambios gratuitos o de prestaciones no onerosas a familiares, amigos o conocidos, ¿cómo se va a desenredar la picaresca en ciernes? ¿Será un coladero para beneficio de los inversores foráneos? Estas son algunas incógnitas que la decisión municipal no despeja.
