Artur Mas dijo en vísperas del 9N de 2014, cuando todavía presidía la comunidad autónoma, que la economía catalana era tan sólida que no había que temer que el proceso soberanista le causara lesión alguna: nadie se iría de aquel paraíso. La realidad ha sido bien distinta, y más de 3.000 empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña tras el 1-O, alegando falta de seguridad jurídica.
Los independentistas han restado importancia al traslado, con un argumentario bien conocido que, sin ser falso, obvia la realidad. Porque aunque es cierto que semejantes traslados pueden ser fácilmente de ida y vuelta, el tiempo juega en contra de los retornos y las deslocalizaciones se cronifican a medida que los lugares de acogida establecen lazos con los recién llegados. El precedente de Québec es útil: con el soberanismo y los referéndums, el centro de gravedad canadiense pasó a Toronto.
Lainformación.com ha publicado un informe elaborado por OBS Business School, "Inversión empresarial en Cataluña", que pone de manifiesto que Cataluña ya no lidera con solvencia el PIB aportado por cada comunidad autónoma a España (Madrid la ha superado) y será la comunidad que menos crezca en 2018 (2,1%) y en 2019 (2%), según datos de BBVA Research. El autor del informe, Jesús Reglero, profesor de la OBS y socio fundador de RS Corporate Finance, destaca que el impacto de la incertidumbre política está afectando a las inversiones a largo plazo. "Inversiones inmobiliarias, empresas financieras, fondos de inversión y de pensiones, aseguradoras, todo el sector de las concesiones que no se venden se está viendo afectado". En 2016, existían más de 6.400 empresas extranjeras en Cataluña; durante 2017 han caído en la región las inversiones procedentes de la OCDE (un 37%), de la UE (19,8%), y de América del Norte, Asia y Oceanía (más de un 70%), según datos del Ministerio de Economía, recogidos en el informe mencionado.
El referido medio recoge también la opinión de Josep Bou, presidente de Empresaris de Cataluña, quien manifiesta que "el consumo interior en la zona de Barcelona ha caído entre un 20 y un 30%, la restauración y hostelería han tenido que bajar precios, el turismo tanto interior como exterior se ha empantanado, la inversión extranjera ha caído un 40% por culpa de la inseguridad jurídica. Barcelona se ha convertido en un lugar incómodo para invertir... Ya no somos el motor económico de España, ahora lo es Madrid, es lo nunca visto".
Otro dato demoledor que incluye el informe es la caída de la construcción no residencial en el Principado, aquellos edificios relacionados con la actividad económica como centros comerciales, oficinas, hoteles o parques logísticos; ese sector muestra un descenso de más del 35% durante el año 2017, dato que contrasta con el aumento del 11,9% en el conjunto de España (las dificultades sectarias impuestas por el ayuntamiento de Barcelona han influido, obviamente, en esta situación).
Josep Bou no sólo culpa de desastre al soberanismo sino a la defección del Estado. "Todo lo han ocupado los nacionalistas y eso es responsabilidad de los distintos Gobiernos del PP y del PSOE. Los colegios profesionales, patronales, sindicatos, casas regionales... todo. Con la ley en la mano hay que poner orden [...] Hay que volver a la legalidad y luego, no antes, pactar y arreglar esto".
Los hechos son los que son, y como es evidente los damnificados no sólo son los catalanes sino todos los ciudadanos del Estado. La pérdida de impulso económico que es manifiesta en el Principado no equivale, ni mucho menos, a la ganancia que puedan experimentar otras comunidades, por lo que la pérdida global, en términos estatales, no ofrece duda. Lo cual conduce a una conclusión obvia: el esfuerzo de recuperación de la normalidad ha de ser también aportado por todos, con el Estado al frente, con el solo requisito de que se recupere la normalidad institucional y la buena fe en el sistema de relaciones democráticos entre los distintos actores de la actividad política y económica.
