La legislatura en curso es la primera, desde que el bipartidismo se impuso en 1982, en que aquel modelo ha dado paso efectivamente a un sistema cuatripartito, con algunas otras minorías periféricas, y en que el Gobierno del PP, con apenas 137 escaños, necesita sistemáticamente de apoyos significativos para sacar adelante sus propuestas legislativas. Y puesto que el PP había gobernado en la legislatura 2011-2015 con mayoría absoluta, las fuerzas minoritarias plantearon tas la formación del gobierno la posibilidad de revertir las normas más controvertidas de aquella etapa. En concreto, estuvieron sobre la mesa las reformas de la LOMCE, de la reforma laboral y de la ley de Seguridad Ciudadana.
Frente a la iniciativa legislativa de la oposición, el Gobierno ha esgrimido sistemáticamente el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Gracias a esta disposición, y en virtud del reglamento de la Cámara Baja, cuando la oposición presenta una proposición de ley, el Ejecutivo dispone de un mes para oponerse a que se tramite. Si presenta el veto, la iniciativa ni siquiera llega a debatirse. El Gobierno, que ha vetado por este medio una cincuentena de iniciativas, y la oposición llevan toda la legislatura pugnando en torno a dos cuestiones fundamentales: si la Mesa del Congreso puede levantar esos vetos cuando sean injustificados, y si el Ejecutivo puede vetar cualquier iniciativa que suponga un aumento del gasto, incluso si se trata de un gasto en hipótesis de futuro.
Uno de estos forcejeos llegó al Constitucional. En octubre de 2016, el Gobierno vetó una proposición del PSOE, apoyado por Cs y Podemos, por la que se pedía suspender el calendario de aplicación de la LOMCE para dar tiempo a una reforma de aquella controvertida ley. El Ejecutivo pretextó que de producirse una demora, podrían perderse fondos europeos. La mesa consideró insuficiente el argumento y levantó el veto, pero el Gobierno recurrió al Constitucional, que ahora ha dado la razón a las minorías y se la ha quitado al Gobierno. La sentencia afirma que "cualquier iniciativa o proposición de ley es susceptible de suponer un incremento de gasto o una disminución de ingresos", por lo que el Gobierno "debe justificar la forma explícita", citando incluso las partidas concretas que se verían afectadas, la conexión "directa e inmediata" entre la norma vetada y el presupuesto, en lugar de plantear "una mera hipótesis". Además, especifica que el Ejecutivo sólo puede ejercer el veto sobre aquellas medidas "que incidan directamente sobre el presupuesto aprobado", esto es, sobre los presupuestos en vigor, y no sobre presupuestos de años futuros.
El Gobierno popular había desarrollado toda una teoría según la cual había que rechazar el parlamentarismo legislativo, es decir, había que aceptar un modelo en el que solo el Gobierno dispondría en la práctica de iniciativa, correspondiendo al parlamento el simple control del proceso normativo. El Constitucional, en una bien construida sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, desmonta tal falacia y devuelve al Parlamento la plena representación de la soberanía.
En buena lógica, esta sentencia debería impulsar los pactos de gobierno -en forma de coaliciones o acuerdos de programa-, ya que los gobiernos en minoría no sólo tendrán difícil llevar a cabo una tarea legislativa propia -de hecho, estamos viviendo una etapa de inquietante parálisis legislativa- sino que se arriesgan a que la oposición legisle contra sus propios intereses, lo que produce una contradicción, si no jurídica, sí al menos política.
Ello significa por tanto que los partidos deben acostumbrarse al acuerdo y al pacto, que son la esencia de la democracia y la base de unos modelos en que la proporcionalidad produce una pluralidad de partidos y cuya estabilidad depende de su capacidad de entenderse entre sí.
