El ministro de Hacienda, celoso de su competencia, ha asegurado con incómoda rotundidad que ni el 1-O, ni ninguna de las expansiones independentistas, se han financiado con dinero público. Si las cosas fueran efectivamente de este modo, las acusaciones de malversación contra los gestores soberanistas que aparecen en los sumarios que mantienen abiertos el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional decaerían completamente o se debilitarían en extremo.
En otro lugar de la entrevista concedida a El Mundo, que contiene la referida declaración, Montoro explica que tal financiación solo habría podido ocurrir con un delito de falsificación de un funcionario conchabado con algún proveedor de la causa. Es por este motivo, añade, por el que "hay una investigación judicial en marcha, pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo".
Ya sabíamos que el gobierno de la Generalitat no había creado partidas presupuestarias para financiar delitos, ni consignaba con su propio nombre los gastos derivados de los referéndums ilegales, sino que detraía recursos de partidas destinadas a otro fin. Si hubo malversación, fue encubierta y estuvo oculta a los ojos de Hacienda. Pero que Montoro defienda, a estas alturas, con tanto énfasis su habilidad fiscalizadora cuando los referéndums se han celebrado después de que el Gobierno, en ambos casos, negara la posibilidad de que tuvieran lugar, parece sencillamente una broma de mal gusto.
