En términos políticos -que son directos y mediáticos-, la decisión de la Audiencia Territorial del land de Schleswig-Holstein -contiguo a Dinamarca y con algún tensión separatista- de no respaldar la entrega de Puigdemont por supuesto delito de rebelión pone de manifiesto, de entrada, la insuficiencia de la institución de la euroorden, que, en su concepción original, había de ser un mecanismo automático de entrega de personas incriminadas en cualquier lugar de la Unión desde unas jurisdicciones a otras, basado en el argumento de que todos los Estados miembros de la UE son impecablemente democráticos, por lo que las garantías de los encausados son idénticas en todos ellos y no es preciso recurrir las cautelas de una extradición convencional que sí se adoptan cuando la entrega es a un país tercero.
En nuestro caso, el primer sinsentido es que un tribunal regional alemán -equivalente a una audiencia provincial española- haya debido encargarse de denegar una petición formulada en toda regla por el más alto tribunal español. No hace falta invocar a Kelsen para denunciar esta absurda asimetría que repugna a cualquier jurista.
La otra sinrazón es la propia respuesta del tribunal local alemán, que argumenta, sin que nadie le haya preguntado (el fondo del asunto no viene al caso), que no hubo suficiente violencia en el procés para poder acusar a Puigdemont de "rebelión" ("alta traición", en la denominación alemana equivalente). En materia de euroórdenes, había progresado la tesis de que, ante la disparidad de figuras penales entre los distintos países, la coincidencia debía buscarse en el bien jurídico protegido. Y de lo que no hay duda es de que la integridad territorial es en Alemania y en España un bien protegido con énfasis semejante. Como se recordará, la Federación alemana tardó bien poco en disuadir a Baviera de la celebración de un referéndum de autodeterminación, cuyo derecho le fue negado tajantemente por Berlín.
Sea como sea, es claro que la respuesta alemana es insatisfactoria, por lo que hará bien el Tribunal Supremo español en llevar el caso al Tribunal de Luxemburgo, ya que al menos habría que exigir que una negativa de tanto calado a una Euroorden cursada por el Supremo español reciba de Alemania una respuesta del Tribunal Federal de Constitucionalidad (el Supremo o Reichsgericht, que alentó el nazismo, fue disuelto en 1945). En cualquier caso, estamos ante una polémica jurídica seria e inquietante, que incluso afecta a la esencia de la UE, ya que, como ha dicho algún eurodiputado español, si la euroorden decae, no tendría sentido el Tratado de Schengen.
Pero con independencia de la polémica jurídica, Alemania se ha excedido manifiestamente en el terreno político, ya que la nueva ministra de Justicia, del SPD por cierto, Katarina Barley, ha manifestado inaceptablemente que la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein es "absolutamente correcta", y añadió que si el Supremo español no justifica otros delitos contra Puigdemont, este pasaría a ser "un hombre libre en un país libre" y habría que empezar a plantearse "hablar también de los componentes políticos" del caso.
La falta de respeto de Barley al Estado español, que es un Estado de derecho al menos tan estricto como el alemán (no les conviene a los alemanes competir con nadie en tradición democrática ni alejarse mucho en el tiempo en la búsqueda de jurisprudencia), resulta intolerable, y merece sin duda una respuesta del Gobierno español, una petición de explicaciones de Rajoy a Merkel. No se trata de cuestionar actuaciones judiciales sino de exigir rigor a un Gobierno teóricamente amigo y aliado que responde con tanta displicencia a un conflicto interno español. Incluso el PSOE debería desautorizar a la lenguaraz ministra de Justicia alemana, que es en teoría su correligionaria política.
Tanto Rajoy como los portavoces gubernamentales alemanes han declarado que estamos ante una cuestión jurídica que no afecta a las relaciones entre los dos Gobiernos. Pues sí debe afectar, porque la opinión pública española no es capaz de entender esta monumental falta de respeto del gabinete de la canciller Merkel.
