Los Presupuestos Generales del Estado llegan tarde y mal. Tarde, porque, en caso de aprobarse, apenas regirán unos cuantos meses; y mal, porque ni siquiera con los evidentes guiños al PNV se puede asegurar que vayan a entrar en vigor. Se trata de unos presupuestos marcadamente continuistas -con el ciclo económico a favor, ya no se estilan los recortes ni la austeridad-, que inciden, eso sí, en algunas propuestas de corte electoralista: ofrecen una rebaja del IRPF a las rentas inferiores a los 18.000 euros anuales, una razonable subida del 3 % a las pensiones más bajas y un generoso acuerdo salarial con los funcionarios tras años de fuerte sequía. Se incrementa también de forma significativa el gasto en defensa y en infraestructuras, aunque la inversión en obras públicas continúa claramente deprimida. La bonanza económica que vive el país -al menos si la medimos en tasas de crecimiento positivo del PIB-, unida a los tipos de interés en mínimos históricos, debería servir para cuadrar el déficit impuesto por Europa con la índole más expansiva del presupuesto presentado por el Gobierno central. Un carácter expansivo que, de todos modos, no es suficiente para afrontar los grandes retos inherentes a la economía española.

En clave balear, el proyecto de presupuestos ha causado un hondo malestar por dos motivos principales: el primero -de raíz no sólo simbólica- se atiene al descuento aéreo para residentes, que no subirá del 50 al 75 % como se creía. El segundo tiene que ver con la insuficiente financiación que ha sufrido nuestra Comunidad en mayor o menor medida a lo largo de estas últimas décadas. En contra de cierta idea arraigada en la política nacional, Balears no es una región rica, sino una autonomía marcada por fuertes contrastes económicos, con un elevado porcentaje estructural de trabajo cíclico y altos costes de vida asociados a la insularidad. Algunas cifras sirven para encuadrar este déficit de financiación: según la inversión per cápita, Baleares se queda en 149 euros por habitante, frente a una media nacional situada en los 218 euros. Y, a pesar del incremento propuesto en el borrador de Presupuestos Generales del Estado de un 15,9 %, hasta alcanzar los 171,67 millones de euros, nuestra Comunidad sigue en el furgón de cola en lo que concierne a la inversión territorial. Al malestar causado por el proyecto de Presupuestos Generales, se añade además otro motivo de fricción con el posible recurso del gobierno a los complementos salariales pactados por el Govern.

Estos números han provocado el inevitable rifirrafe entre los distintos grupos políticos con representación insular. Si, para los partidos que forman el Pacto -PSIB, Més y Podemos-, los presupuestos de Montoro alientan el discurso victimista, los populares -con Biel Company a la cabeza- tratan de responsabilizar directamente a Francina Armengol del fracaso en las negociaciones presupuestarias. La absurda disputa partidista dificulta la necesaria articulación de un gran acuerdo de Estado entre los principales partidos nacionales con representación autonómica -PP y PSOE, pero también Ciudadanos y Podemos- que permita garantizar unos niveles mínimos de inversión en nuestra Comunidad de forma estable. Al déficit en las infraestructuras se suma además un gasto en servicios públicos que se encuentra notablemente por debajo de la media española. Reclamar el rápido acercamiento a esta media resulta un acto de justicia, que solo podrá llevarse a cabo si nuestra clase política asume plenamente su responsabilidad.