01 de abril de 2018
01.04.2018
Editorial

Editorial: Fraude alimentario

La preocupación social por la seguridad alimentaria exige dar un nuevo paso adelante a la administración pública

01.04.2018 | 02:45
Desde hace años se suceden las noticias de alarma alimentaria con el consiguiente riesgo para la salud de los consumidores. En ocasiones, se trata de fraudes masivos realizados a gran escala y de forma fraudulenta. En otros, nos movemos en los límites de lo legal –por lo que, en estos casos, no podríamos hablar estrictamente de fraude–, a pesar de que la evidencia científica pone cada vez más el foco en la amenaza que para la salud supone una ingesta excesiva de azúcares, sal, grasas trans u otros alimentos procesados. Un estudio de la OMS de 2015 observó, por ejemplo, que unas 34.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo son atribuibles al consumo de carne procesada. Otro estudio, realizado por Oceana en 2013 a partir de muestras de ADN, probó que el 59% del atún en lata que se vende en los Estados Unidos no era tal sino una mezcla de varios de pescados. Incluso un mercado tan selectivo como el de los alimentos ecológicos ha sido objeto ocasional de controversia, como sucedió en Alemania en 2013 con varias granjas de gallinas.

Especialmente graves, por supuesto, son los casos de fraude que rompen con cualquier protocolo alimentario, poniendo en riesgo de forma inmediata nuestra salud. Este podría ser el caso de la llamada operación Biltong y que ha supuesto la puesta a disposición judicial del dueño y dos responsables más de Cárnicas Vicente en Marratxí por presuntos delitos contra la salud pública, los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social, estafa y falsedad documental. En la operación llevada a cabo por la Policía Nacional y la conselleria de Salud se han inmovilizado unas cincuenta toneladas de alimentos caducados, que en algunos casos eran previamente congelados y posteriormente descongelados utilizando cubetas de agua caliente para aparentar que se trataba de género fresco. A lo largo de la investigación han surgido otras irregularidades, como la distribución irregular de los alimentos en coches particulares que carecían de la refrigeración adecuada o el almacenamiento de conservas caducadas.

El escándalo ha suscitado la lógica preocupación en el consumidor mallorquín que tiene derecho a inquirir por los controles tanto en origen como en destino. ¿Funcionan bien los protocolos de control en origen? ¿Son suficientes los inspectores que realizan su trabajo? ¿Cómo es posible que esto suceda a una escala relevante sin que se detectara anteriormente? Y, a su vez, en destino, ¿qué controles se realizaban? ¿Era una cuestión solo de precio? Hay que tener en cuenta que estos alimentos en posible mal estado se distribuyeron en hoteles, restaurantes e incluso colegios, como fue el caso de algunas partidas que se vendieron a comedores escolares en Algaida.

La preocupación social por la seguridad alimentaria exige dar un nuevo paso adelante a la administración pública. Se debe proceder a revisar la normativa y los protocolos si así fuera necesario, pero sobre todo se debe valorar de nuevo la capacidad operativa de los servicios de control públicos para que, en el caso de ser insuficientes, reforzar su operatividad. Esto lógicamente tiene que ir de la mano de una correspondiente traducción presupuestaria que permita optimizar la eficacia en estos controles. Ya sea a corto o a largo plazo, está en juego la salud de los ciudadanos.v



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