La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que reducirá en medio punto el tipo mínimo de la parte autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), así como otras rebajas fiscales: una nueva bonificación en los impuestos de sucesiones y donaciones para las realizadas entre hermanos (15%) y entre tíos y sobrinos (10%), así como nuevas deducciones como la del alquiler para jóvenes y de adultos de hasta 40 años que estén en el paro. En su conjunto, la recaudación caerá 125 millones de euros anuales a partir de 2019.
El PP es consecuente con su programa y con su proyecto político, que básicamente consiste en debilitar el estado de bienestar y adelgazar lo público cuanto sea posible (mientras lo tolere la presión social). Pero semejante tendencia presenta notorias contraindicaciones, que tienen un alcance político evidente.
De entrada, la bajada de impuestos invalida los argumentos de disponibilidad de recursos que maneja la cúpula del PP para justificar su negativa a indexar las pensiones con el IPC. Cuando se dice con desparpajo que "no hay dinero" para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, lo que en realidad se está manifestando es que la política fiscal del PP es incompatible con semejante propuesta. Al bajar impuestos con clara intención electoralista en mitad del debate, el PP demuestra con hechos que sólo si creciese la recaudación espontáneamente a causa de un incremento de la actividad económica el partido conservador accedería a un gasto en pensiones que fuese más allá de los recortes generados por las reformas de 2011 (ley 27/2011) y 2013 (ley 23/2013) realizadas por Zapatero y Rajoy respectivamente en momentos de grave dificultad. De momento, los sindicatos han criticado con dureza la bajada de impuestos, que creen que beneficiará sobre todo a las rentas altas ya que las más bajas apenas experimentarán un cambio de unos pocos euros en la nómina.
Por otra parte, la bajada impositiva de Madrid ha molestado a otras comunidades autónomas, que se sienten discriminadas frente a una comunidad, la madrileña, que se beneficia a su juicio de la capitalidad, ya que por este hecho radican en ella numerosas empresas -el efecto sede- y reciben del Estado inversiones que la benefician indirectamente. La bajada del IRPF -ha explicado con buenos argumentos la prensa catalana más moderada- convierte a la autonomía madrileña en la que tendrá el tipo mínimo agregado del IRPF, al dejarlo en el 18,5%, abandonando a los grupos de autonomías que lo tienen en el 19 o en el 19,50%, y alejándose aún más de Cataluña, que destaca con su 21,5%.
Semejante contraste, que podría parecer legítimo en un sistema de financiación autonómica neutro y equilibrado, resulta cuando menos extemporáneo en puertas de una reforma de la LOFCA, que además de ser preceptivo (la propia ley establece los plazos de su siguiente revisión, que ya se han sobrepasado con creces), es inaplazable porque hay desajustes estructurales que claman al cielo. En otras palabras, hubiera sido lógico no echar más leña al fuego de las protestas por la mala financiación al menos hasta que se hubiera establecido una nueva ley de financiación acordada.
Todo esto no tiene que ver directamente con el conflicto catalán, al margen de que se haya producido allí una importante malversación de recursos públicos. Lo más inquietante de esta bajada, criticada por insolidaria por sectores sociales de Cataluña ajenos al nacionalismo, es que representa una renuncia del PP a perfeccionar y mejorar el Estado de Bienestar, un objetivo que seguramente no concuerda con la voluntad de una clara mayoría de ciudadanos. Tenemos una de las presiones fiscales más bajas de Europa y grandes carencias en materia de servicios públicos y asistencia social. No parece, pues, adecuado aliviar fiscalmente todavía más a la comunidad autónoma más rica, cuando están en juego delicados conceptos como la solidaridad interregional.
