El ministro José Barrionuevo fue condenado por el Tribunal Supremo a diez años de cárcel, por el secuestro con fondos públicos de un ciudadano. El prócer socialista cumplió tres meses de prisión efectiva, menos que los Jordis o que Oriol Junqueras antes de sentarse en el banquillo, con el añadido de que ninguno de ellos ha provocado ni un rasguño a otro ser humano. Pese a los encomiables esfuerzos novelescos del juez Llarena por transformar la algarada ante la conselleria de Economía de la Generalitat en un secuestro con rehenes, es ofensivo comparar la experiencia de los funcionarios allí desplazados con la peripecia vivida por Segundo Marey. Las víctimas del terrorismo no se merecen esta afrenta adicional.
PP y PSOE actuaron al alimón para aliviar la suerte de Barrionuevo, y también han sumados sus esfuerzos para aplicar en Cataluña un artículo 155 en el sentido punitivo contrario. La Generalitat no pasó de sus dirigentes surgidos de las urnas al Gobierno de Madrid, sino a la gestión directa del Tribunal Supremo, con una aplicación generosa del Código Penal. El resultado es la desbandada catalana en curso, llámese fuga, éxodo o exilio.
Cataluña ejemplifica las consecuencias de entregar el poder absoluto al Doctor Strangelove de Kubrick. Cada capítulo es más disparatado que el anterior. Dado que el PP es inservible en territorio catalán, Rajoy descubre un inesperado aliado en las CUP. La labor de zapa de los anticapitalistas, con su portavoz aporreando inmisericorde a un candidato a la Generalitat que se disponía a ingresar en prisión por defender la causa independentista, no lo mejora ni García Albiol. Al contrario, el badalonés demostró al replicar a Turull que la humanidad es compatible con el enfrentamiento radical.
Aplicando el criterio rigorista de las CUP a la vida corriente, procede atropellar a un peatón que cruza en rojo, para que aprenda. Sostenido por los votos de los anarquistas y del Supremo, Rajoy ha materializado su sueño. Ha hallado un funcionario que le evita cualquier intromisión de la política, tan engorrosa como predijo Franco. Además, Llarena no exige el protagonismo enfermizo de Soraya Sáenz de Santamaría.
La desbandada no solo se debe a la transformación de la independencia de una comunidad en un debate judicial. Cataluña entera es abordada como un problema penal, y los optimistas resaltarán que sería más grave que se abordara como un asunto militar. Sin embargo, pecaría de irracional quien descartara el traslado de la beligerancia al belicismo, dado el ritmo atropellado que han adquirido los acontecimientos.
No se trata de denunciar la injerencia de la justicia en la política, sino de exigir la injerencia de la política en la política. La equiparación del 1O con el 23F olvida el matiz ciudadano. No hubo manifestaciones junto a las Cortes en apoyo a Tejero, que hubiera sido un candidato electoral de retorcido pero breve recorrido. En cambio, buena parte de los encarcelados y procesados vienen refrendados por el detalle que todos desean obviar. De nuevo, ni PP ni PSOE desean que se utilice el lenguaje numérico de las votaciones, porque les obligaría a explicar la continuidad de Rajoy en La Moncloa.
La desbandada confirma que ni las CUP trabajan ahora mismo en Cataluña con una expectativa racional de independencia. Esta constatación debería favorecer el diálogo, pero la renuncia evidente a los planteamientos radicales enfurece a ambos bandos. Acentúa el enquistamiento. Contra estas evidencias, a los votantes no les importó que Puigdemont se presentara desde Bruselas, que Jordi Sánchez opositara al Parlament desde su celda en una cárcel de Madrid o que sobre Turull y otros candidatos pesaran los mismos delitos que condenaron a Tejero. Hasta donde los votos pueden hablar, cabe aventurar que estos datos reforzaron las posiciones del bando soberanista.
Turull ha sido encarcelado al día siguiente de pronunciar el discurso más importante en la trayectoria de un gobernante. Sin ánimo de ofender, la intervención de investidura ante la camara supera en importancia a una declaración ante el Supremo. El jueves, el integrante de la nueva remesa de presos no pronunció una sola frase punible. Seguramente estaba mintiendo, lo cual le emparentaría a la mayoría de integrantes de la clase política, pero se necesita un análisis muy extremo para concluir que sus palabras incitaban a la sedición o la rebelión. Interrumpir la ceremonia sagrada del parlamentarismo requería de un peligro más inminente.
