En el año 2013, el PP de Montoro y Rajoy decidió intervenir a todos los ayuntamientos sea cual fuese su situación económica de nivel de deuda acumulada o resultados presupuestarios anuales de déficit o superávit. Para todos la misma "receta": prohibición de déficit y deuda, techo de gasto fijado por una regla inamovible, imposibilidad de reponer las jubilaciones ni siquiera en Policía o servicios esenciales, y un catálogo de lo que llamaba "competencias impropias" con el que pretendía que los ayuntamientos nos circunscribiéramos a la limpieza y mantenimiento de las calles, la Policía Local, la recogida de basuras y poco más.

Estaba interviniendo a las entidades locales, imponiendo unos férreos controles a su autonomía económica y financiera e impidiendo que los ayuntamientos devolvieran a sus vecinos todos los recursos que ellos ponen en sus manos. La excusa fue el control del déficit público y las exigencias europeas por el rescate de la banca. Era la llamada "ley Montoro" o LRSAL, ley 27/2013.

Durante los últimos 5 años, los ayuntamientos hemos ido acumulando año tras año unos cuantiosos superávits que no podíamos reinvertir en nuestras cuentas, y que debíamos guardar en el banco o amortizar con ellos de manera anticipada la deuda contraída, aunque ésta fuese mínima. Así, se acumulaban 4.000, 5.000 y hasta 7.000 millones de euros anuales de dinero que los ayuntamientos españoles no podíamos gastar en nada.

¿Por qué? Pues muy sencillo, con el superávit municipal anual de 5.000 o 7.000 millones se reducía el déficit del conjunto de las administraciones públicas un 0,5 o un 0,7%. En datos del cierre de 2016, la administración General del Estado superó su límite de déficit en un 0,32 sobre el PIB, las CC AA en un 0,12 por encima del objetivo de déficit, pero las entidades locales arrojamos un superávit del 0,64%, más de 7.000 millones de euros. En los últimos 5 años, los ayuntamientos hemos contribuido con un superávit acumulado de unos 27.000 millones de euros.

Así, con el esfuerzo de unos ayuntamientos intervenidos, ha tapado Montoro su incumplimiento y ha quedado bien con Europa. El infractor, castigando al que cumple. El mundo al revés.

Y ahora nos anuncia, como una dádiva, que nos dejará a los ayuntamientos usar el superávit... de 2017. Es decir, sólo los ahorros del año pasado. Nada de los ahorros de años anteriores, lo que llamamos el "remanente de tesorería". De eso nada. Ayuntamientos con remanentes de 60 millones en los bancos, y con presupuestos en torno a los 40, sólo podrán invertir los 4 o 5 ahorrados el año pasado. Los casi 500 millones que las entidades locales de Balears tenemos en los bancos... ahí se han de quedar. Movilizar parte de ellos, no sólo traería inversiones o políticas necesarias, sino que ayudaría a la generación de empleo y a la reactivación económica. Y en nuestra comunidad, resultarían claves, por ejemplo, para la mejora de la calidad de nuestros propios destinos turísticos, pues hace años que no hay planes ni ayudas de carácter estatal para ello.

La regla de gasto de la ley Montoro es otra de las claves de este "secuestro", de esta intervención. Esta regla marca el límite de crecimiento en el presupuesto, calculado según lo que se haya ejecutado el año anterior. Es absolutamente necesario derogar esta regla de gasto, o como mínimo flexibilizarla, pues es el elemento clave para mejorar el uso de los recursos propios acumulados y presupuestados. ¿Qué hacemos los ayuntamientos que debemos asumir los justos incrementos retributivos de los funcionarios, ya pactados y anunciados por Montoro, si este incremento en capítulo de personal se nos come todo el posible incremento permitido por la "regla de gasto"? ¿Cómo mejoramos las necesarias políticas sociales o de empleo, por ejemplo, si tenemos una guillotina que nos corta el crecimiento posible, y por otro lado nos obligan a dedicarlo al justo incremento salarial? De nuevo, limitaciones e intervención a las administraciones que cumplimos.

La propia ley Montoro, además, nos impide reponer a los trabajadores jubilados, la llamada "tasa de reposición", con lo que se dificulta ejecutar lo previsto, y la propia gestión y administración municipal, que se ve incapaz de responder al crecimiento y las necesidades ciudadanas por falta de efectivos. ¿Cómo podemos explicar al ciudadano que, a pesar de haber crecido en población, y por tanto en necesidades, pero también en capacidad de ingresos, no podemos darle más o nuevos servicios?

Ahora anuncia también Montoro que relajará esta tasa de reposición. Pero, ¿cómo recuperar todos los recursos humanos perdidos? Dotar de más recursos humanos a nuestra Policía, o nuestros departamentos técnicos, para evitar, por ejemplo, retrasos de meses en la expedición de licencias, ha sido un imposible.

Debemos reivindicar la autonomía financiera de los ayuntamientos, la posibilidad de decidir si invertir en infraestructuras o en embellecimientos urbanos, en políticas activas de empleo o en becas, en planes o ayudas de bienestar social. Si sólo los ayuntamientos hemos conseguido cumplir los tres objetivos de la ley Montoro: no superar techo de gasto, reducir la deuda pública y no superar los objetivos de déficit financiero, ¿por qué se insiste en el exhaustivo control financiero de los mismos?

El anuncio de Montoro de permitir la inversión sólo del superávit de 2017 es claramente insuficiente, pues sigue limitando el uso de los remanentes de los ayuntamientos, parece ser que sólo permitirá incorporalos a capítulo de inversiones, sólo libera el superávit del año anterior, y sigue bloqueando los ahorros acumulados los últimos cinco años.

Es hora de reivindicar la posibilidad de devolver a nuestros municipios todos los ingresos que generan, de denunciar la intervención que sufrimos y de reivindicar la autonomía financiera de nuestros ayuntamientos.

* Miembro de la comisión ejecutiva del PSIB-PSOE, vicepresidente de la FELIB y alcalde de Calvià