Los pueblos -dicen los sociólogos políticos- no suelen tener buena memoria colectiva, y de ahí la pertinacia en el error que a veces manifiestan. Con todo, cuando estamos asistiendo ostensiblemente a la salida del gran crisis económica -en 2017 hemos crecido al 3,1%, y ya sido el tercer año en positivo; los beneficios empresariales aumentaron el año pasado el 5,1% y los dividendos repartidos, el 11,7%-, los ciudadanos sí recordamos con nostalgia los niveles de bienestar de que disfrutábamos antes de la gran hecatombe y miramos con perplejidad hacia las instituciones, hacia el Gobierno en particular, reclamando el lógico regreso al pasado o, cuando menos, el anuncio de que este es el objetivo de mínimos. Pero no. Los pensionistas, embromados con la célebre carta de Báñez en que les anunciaba la buena nueva de que sus ingresos se elevarían nada menos que un 0,25% (no como el pérfido Zapatero, que llegó a congelarlos un año), asisten atónitos a la declaración presidencial de que se les subirá en el futuro "lo que se pueda", como si el Gobierno, que propone al Parlamento las cuentas públicas, del Estado y de la Seguridad Social, no fuese quien establece el nivel de impuestos que ha de ser necesario para satisfacer el gasto proyectado. Máxime cuando la preservación del poder adquisitivo de los pasivos no es una opción ideológica sino un tributo a su dignidad y a la de la ciudadanía que sostiene el sistema de reparto.
No sólo los pensionistas están irritados con su suerte, con la situación y con la falta de respuestas políticas de quien debe darlas, que es el Gobierno (no vale el pretexto de que no posee mayoría absoluta: si no es capaz de tomar decisiones, lo que ha de hacer es marcharse y no lamentarse). Los trabajadores en general observan y padecen una situación más precaria que antes de la crisis. Según el informe Benchmarking Working Europe 2018, elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a partir de datos oficiales, el poder adquisitivo de los sueldos españoles ha sido un 4,4% inferior en 2017 que siete años antes, y la situación no ha mejorado sensiblemente en el último año.
Pero hay más problemas relacionados con el sector público: los médicos están al borde del encendimiento y celebrarán hoy una concentración frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que, acto seguido, se transformará en una manifestación hasta la Plaza de las Cortes, donde se entregará a los portavoces sanitarios de las formaciones políticas una lista de reivindicaciones que comienza por la salarial „sus portavoces aseguran que han perdido entre un 25 y 30% desde que el Gobierno de Zapatero comenzó recortando el salario base, antigüedad y pagas extras en torno a un 9% en 2010"„ y prosigue con otras varias reclamaciones laborales. Además, las plantillas del sistema sanitario público han adelgazado cerca del diez por ciento, y el mantenimiento de los niveles de calidad exige un esfuerzo ímprobo a estos profesionales.
Hay muchas otras reclamaciones en curso, aplazadas por la crisis, que están encontrando respuestas ambiguas como las que Rajoy ha dado a los pensionistas. Y ya es inocultable que habrá que buscar recursos para financiar la reconstitución del Estado de Bienestar.
La presión fiscal -el indicador que mide la relación entre la recaudación de impuestos y el conjunto del PIB- española fue en 2016 del 35,1%, un 0,4% menos que en 2015, según Eurostat. Este descenso provocó un alza del diferencial de ingresos tributarios entre España y la eurozona, que se disparó de nuevo, hasta 7,2 puntos del PIB (es decir, que si España tributase con los parámetros promedios europeos, recaudaría unos 75.000 millones de euros más al año). Para entendernos, la presión fiscal de Francia en 2016 fue del 47,6%; la de Portugal, del 36,9%; y la de la liberal Alemania, del 40,4%.
Los partidos, con estos datos en la mano, tienen ahora la palabra. La sociedad les mira con mirda inquisitiva porque las próximas elecciones no están tan lejos.
