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Antonio Papell

Pensiones dignas sin trampas

La reforma de las pensiones realizada por el Gobierno Rajoy en 2013, con mayoría absoluta, y a la que continúa aferrándose el Ejecutivo que ahora gobierna en franca minoría, se basa en que, "mientras haya déficit en la Seguridad Social", las pensiones contributivas aumentarán un 0,25% nominal cada año. Con tal modelo, visiblemente inconcreto porque el déficit no es un dato externo y fijo sino la consecuencia de la coyuntura y de la política presupuestaria que se practique, los pensionistas irían perdiendo progresivamente poder adquisitivo.

Un analista de un periódico digital lo explicaba así esta semana: "Supongamos que la inflación promedio es un 2%, algo que, por una parte, es el objetivo de inflación del BCE y, por otra, es nuestra inflación promedio desde que estamos en el euro (2,1% anual). Supongamos que la pensión inicial de una persona que se jubila a los 66 años es de 1.400 euros mensuales. Con el 'Plan Báñez' esa pensión en términos reales será de 1.260 euros al cumplir los 72 años, de 1.100 euros al cumplir los 80 y de 990 euros a los 86. Es decir, al cabo de los 20 años habrá perdido un 32% de poder adquisitivo. Y ese es precisamente el problema, que cuando más se necesite, menos capacidad de compra tendrá su pensión".

No hace falta ser en exceso malicioso para entender que en semejante planteamiento hay una trampa: en un sistema "de reparto" como el nuestro, el concepto mismo de déficit es extemporáneo, ya que de lo que se trata es de equilibrar los ingresos con los gastos. Resulta falaz asegurar que hay que resignarse a bajar las pensiones porque los ingresos no dan para más: lo que debe hacerse es establecer un sistema de ingresos que haga posible el pago de unas pensiones dignas, de una cuantía que sea considerada suficiente por el consenso social. Por ello, la base de partida de los trabajos del Pacto de Toledo debería ser la fijación de la cuantía de los recursos necesarios, para discutir y acordar más tarde cómo se consiguen.

El Gobierno, en cambio, se obstina en mantener el mencionado criterio, que ahora se aderezará con un factor de sostenibilidad, mitigado por algunas concesiones arbitrarias (Rajoy accedió el miércoles a indexar las pensiones mínimas, a aplicar algunas desgravaciones fiscales a los tramos más bajos, etc.) que de ningún modo pueden satisfacer a los pensionistas actuales ni a los futuros.

Con el planteamiento mencionado de preservar de forma irrenunciable el nivel de vida de los pensionistas, sin descartar que pueda incluso mejorar si la economía crece adecuadamente, lo que ha de debatirse es la procedencia de los ingresos. En primer lugar, la recaudación por cotizaciones (cuanto más y mejor empleo haya, será más elevada, obviamente); en segundo lugar, el recurso a los Presupuestos Generales del Estado, para financiar las pensiones no contributivas en su totalidad y la parte necesaria de las contributivas; y, si hiciera falta, la creación de algún impuesto especial, del tipo de la Contribución Social Generalizada que se paga en Francia y que grava tanto a las rentas del capital como a las del trabajo.

El sistema de seguridad social tiene sin duda algunas variables que pueden ajustarse. La más evidente es la edad mínima de jubilación, que va creciendo en nuestros países a media que aumenta la esperanza de vida. Pero no es posible frustrar las expectativas de los actuales pensionistas, que tienen derecho a verlas colmadas en su totalidad, ni las de quienes ya no tendrían margen de maniobra para buscarse un seguro privado (mayores de 50 años).

No cabe duda de que los pensionistas tienen la fuerza que les concede el voto. Si son serios en sus planteamientos y hábiles en sus reivindicaciones, podrán conseguir sin duda de los actores políticos que se cumplan sus exigencias justas, que sin duda pasan por la indexación sin matices de sus ingresos. El PP no se ha percatado aún de que si no se aviene a razones, perdería el voto del único nicho de edad que todavía le es fiel.

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