En su monumental tratado La democracia en América, el francés Alexis de Tocqueville observó, hace dos siglos y de forma visionaria, que la pulsión básica del nuevo tiempo político era el instinto de igualdad, aún más que el de libertad. La experiencia histórica le ha dado la razón, de modo que no se pueden separar el desarrollo de la democracia y la expansión de la justicia social. Y, ciertamente, los grandes debates del siglo XX han sido políticos -la victoria del parlamentarismo liberal frente a los sangrientos totalitarismos de derechas e izquierdas-, pero también ideológicos, económicos y reivindicativos de toda una serie de derechos profundamente imbricados con la ampliación del horizonte real de la igualdad: de la lucha contra la discriminación racial en los Estados Unidos a la implantación de un sistema de sanidad y de educación públicas en Europa.

En este contexto de inclusión democrática es donde hay que situar el éxito de la movilización feminista del pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que indudablemente va a marcar un antes y un después a la hora de impulsar políticas más decididas contra la brecha de género. Una fractura que todavía perdura -y se puede medir a nivel estadístico- en los países desarrollados, a pesar de los múltiples progresos reales hacia la igualdad efectiva logrados en los últimos cien años, los cuales han permitido avanzar en la dirección correcta. Si nos atenemos a los datos, todavía hoy las mujeres cobran de media significativamente menos que los hombres -hasta seis mil euros al año en Balears, tercera comunidad autónoma con peor índice de igualdad- o trabajan mucho más a tiempo parcial y de forma precaria que sus homólogos varones. Tanto el paro estructural como el riesgo de pobreza son también mayores entre las mujeres, lo que indica tendencias de fondo muy marcadas en contra del estrechamiento de la brecha de género. Por no hablar de los casos de violencia machista, cuyos números mueven a la vergüenza general año tras año.

Tras el éxito de la huelga y de la movilización del 8-M -a la que, no debemos olvidarlo, se han sumado todos los partidos del arco parlamentario-, conviene proceder a evaluar el camino a seguir para implementar políticas aún más efectivas que posibiliten una igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Y esto supondrá legislar en favor de ella desde un consenso transversal que responda a las necesidades reales y concretas de la sociedad en general y de las mujeres en particular. Una de las más obvias -ya que las cifras demuestran que inciden directamente en la diferencia salarial- tiene que ver con la difícil conciliación familiar en España y también con una mejor regulación de los permisos de paternidad y de maternidad. Pero, por supuesto, no es la única: no se podrá progresar hacia una mayor igualdad de oportunidades si los cambios legislativos no van acompañados de medidas educativas, culturales y empresariales que favorezcan la inclusión. Una labor que se deberá llevar a cabo con medios, inteligencia y diálogo; con respeto a la pluralidad y a la diferencia, plenamente conscientes de que la democracia siempre se enriquece al sumar la libertad a la igualdad. El objetivo no puede ser otro que conseguir un mundo mejor y más justo.