El sistema de pensiones es, junto a la sanidad pública, el pilar esencial del estado de bienestar, es decir, uno de los elementos esenciales del Estado moderno, cuya razón de ser principal es la de garantizar la inclusión de todos, el acceso de los ciudadanos sin excepción a una vida digna y saludable el término de la etapa laboral y en situaciones de incapacidad. Y estos criterios ya no son ideológicos en Europa Occidental: no hay ultraliberales con posibilidades de llegar al gobierno que piensen de otro modo.
Así las cosas, no es tolerable que se sugiera siquiera que el poder adquisitivo de los actuales pensionistas podría descender irremediablemente de forma sistemática por problemas demográficos o de otra índole, o que los pensionistas futuros habrán de conformarse con pensiones testimoniales, insuficientes para recibir una protección semejante al menos a la que hoy tienen los beneficiarios del sistema. Lo que obliga a planear el futuro de forma que se restañe el déficit actual dl sistema, que, al ser de reparto, se debe a la caída de la población activa (hay menos trabajadores que sostienen el sistema).
Dicho de otro modo, la cuestión de la sostenibilidad del sistema no puede plantearse partiendo de las disponibilidades como dato de partida: no se trata de ver cuánto podemos pagar a los pensionistas con lo que se recauda sino de calcular cuánto hay que recaudar para poder mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y los actuales niveles retributivos para quienes van llegando a la jubilación.
La situación, según un documento reciente del Banco de España, es esta: "El déficit del Sistema de la Seguridad Social español alcanzó un 1,5 % del PIB en 2015, que contrasta con el superávit observado antes de la crisis económica, del 2,2 % del PIB en 2007. Este deterioro se debe, sobre todo, a un incremento del gasto en pensiones contributivas (en % del PIB), como resultado del incremento de la tasa de dependencia, el aumento de la tasa de sustitución de las pensiones y la caída de la tasa de empleo. Más allá de esta situación de corto plazo, el sistema público de pensiones español se enfrenta, como los del resto de los países desarrollados, a retos importantes causados por la expectativa de un aumento significativo de la longevidad y, consecuentemente, de la proporción de la población en edad de jubilación". El déficit del sistema de pensiones en 2017 ha pasado de los 18.800 millones de pesetas, el 1,61% del PIB, algo menos que el 1,67% del año anterior. En 2017, los ingresos por cotizaciones se elevaron un 5,3% y la perspectiva futura, gracias al empleo, es buena, por lo que se espera que al cierre de 2018 el déficit sea del 1,57% del PIB. Sin embargo, la inflación este año será -según cálculos oficiales„ del 1,6%, por lo que la subida prevista del 0,25% en la normativa vigente supondría una sensible pérdida del poder adquisitivo.
Ello explica que PSOE y Podemos y parece que también Ciudadanos se sumen a apoyar una nueva norma que volvería a indexar las pensiones con el IPC. Montoro ha venido a decir que eso es anticuado, pero no hay tal: se siguen indexando pensiones en Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica, y en muchos otros países se revisan con un multiplicador que tiene en cuenta el IPC, los salarios y el PIB. En todos los casos se aspira a mantener el poder adquisitivo real.
El problema actual es de dónde sacar los recursos necesarios hasta que suba la tasa de actividad y crezca el empleo: ese es el debate que deben plantear los partidos: pueden subirse las cuotas, cargar el déficit a los Presupuestos Generales del Estado o endosarlo al rendimiento de un impuesto finalista, como en Francia. En el país vecino, funciona la Contribución Social Generalizada (CGS), que grava todas las rentas del capital y del trabajo, y cuya tarifa se gradúa según las necesidades. Es una posibilidad, que las fuerzas políticas deberán barajar.
