Hace siglos ya se planteó el debate sobre el vínculo entre la historia y la geografía: ¿cuál de las dos pesa más a la hora de dirimir el futuro de las naciones? ¿El tiempo o el espacio? Hoy sabemos que la solución no radica en esta disyuntiva maniquea, sino en el difícil equilibrio de muchos factores dispares o incluso contrarios. Cualquier comunidad es hija de un pasado que la define y se ajusta a las limitaciones y potencialidades de un territorio, a la calidad de las instituciones que la rigen, a la vez que trata de identificarse con los mejores modelos que caracterizan a las sociedades más dinámicas. Como no puede ser de otro modo, Mallorca también responde a este marco, pues no podemos pensarla sin tener en cuenta su pasado y su presente, una realidad institucional -que nos enlaza con España, el Mediterráneo y Europa- y, por supuesto, su condición insular. Si el respeto al medio ambiente conforma uno de los grandes imperativos globales -como consecuencia de los efectos de la industrialización y la alteración de los equilibrios del planeta-, para una isla supone además un requisito de supervivencia. Y si analizamos con rigor los principales debates que han tenido lugar en Mallorca durante estos últimos años, comprobaremos cómo un buen número de ellos han girado en torno al territorio: de la presión urbanística al overbooking

La controversia sobre los campos de golf en Mallorca, por ejemplo, alcanzó seguramente su punto álgido en los años noventa del pasado siglo, pero desde entonces su percepción entre los ciudadanos se ha ido normalizando. Sin duda, el turismo de golf ofrece un especial valor añadido, tanto por su elevado poder adquisitivo como por su mayor respeto a la naturaleza en relación con otros desarrollos turísticos más intensivos. Aunque, lógicamente, uno de los requisitos fundamentales que por ley se exige a los campos de golf pasa por atenuar los efectos negativos del alto consumo hídrico, sustituyendo el agua potable por agua depurada.

Esta semana, sin embargo, gracias a una noticia publicada por Diario de Mallorca, hemos sabido que, al menos, un tercio de los veinte campos de golf de la isla podrían estar utilizando agua potable extraída de pozos para regar, en lugar del agua depurada que obliga la ley. Un grupo de agentes de medio ambiente ha localizado hasta diez pozos ilegales en distintos campos de la isla, de los cuales -por el momento- la conselleria sólo ha procedido a clausurar dos. Se trata de un hecho muy grave si pensamos que afecta a un bien común -el agua-, especialmente preciado en Balears y que, además, supone una competencia desleal hacia el resto de clubs de golf que emplean agua depurada, de coste elevado. La pregunta consecuente es por qué los expedientes levantados por los funcionarios de medio ambiente llevan tanto tiempo pendientes de resolución. Y, al mismo tiempo, ¿por qué no se ha procedido desde el Govern a tramitar denuncia al juzgado o a la Fiscalía habiendo sido advertidos por escrito por agentes medioambientales de los indicios de delito?

De hecho, fue con los gobiernos autonómicos del PP cuando se prohibió a los agentes del cuerpo tramitar directamente la denuncia a la justicia, orden que fue parcialmente levantada en 2017 por el conseller Vicenç Vidal. Este pasado jueves, a raíz de la noticia publicada en Diario de Mallorca, el propio conseller ha aseverado que "todos los expedientes se están tramitando" y justificó la lentitud en la necesidad de demostrar plenamente "un daño a un dominio público y eso no se puede hacer en dos días". Sin duda es así. Pero también cabe exigir una mayor pulcritud y celeridad a la hora de resolver unas presuntas infracciones contra el medio ambiente que, de confirmarse, revisten especial gravedad. Y que, por supuesto, afectarían no sólo al equilibrio de los recursos hídricos de Mallorca sino también al prestigio turístico de todo el sector.