Este pasado mes de febrero, los pensionistas se han puesto en pie de guerra. Nadie había considerado, al parecer, que la subida anual del 0,25% de la que vienen disfrutando desde hace cinco años, una estratagema del PP para poder decir que las pensiones no están congeladas, terminaría siendo considerada una afrenta por sus "beneficiarios". El 22 de febrero salieron a la calle, en tropel, en 86 ciudades españolas, en una gran "marea pensionista", convocados por la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones, que ha logrado una movilización general que algunos han comparado con el 15-M. Las concentraciones se han repetido el jueves pasado y se reiterarán el día 15. Los sindicatos y los partidos, que hace tiempo que perdieron la mayor parte de su capacidad de convocatoria en la calle, han quedado asombrados por la campanada mediática de los mayores, que se están organizando, y que, además, acaban de inscribir en el registro del ministerio del Interior la Asociación de Jubilados Españoles (AJE), que podría convertirse en partido político y que ya exige, entre otras cuestiones, que las pensiones no estén sometidas al IRPF. La movilización de este grey power no es baladí porque afecta nada menos que 8.698.160 personas, en cifras de enero pasado. Su capacidad de presión electoral no requiere comentarios, y el PP, que ha sido su principal beneficiario, hace bien en echarse a temblar.
Rajoy ha pedido, legítimamente, que el asunto no se dirima en la plaza pública sino que se lleve al marco del Pacto de Toledo, que se firmó precisamente en 1995 para apartar el sistema público de pensiones de la confrontación política partidista. Pero, como es imaginable, nadie le ha hecho caso. Podemos ya registró el 25 de enero una proposición de ley para elevar las pensiones un 1,6% en 2018, es, decir, la subida prevista del IPC. Y ha solicitado después un pleno monográfico al que acudan Rajoy y la ministra de ramo, Fátima Báñez, para debatir la situación del sistema de pensiones. El PSOE ha presentado asimismo una proposición de ley para blindar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y derogar el "psicodélico" 0,25% (conviene recordar que fue Rodríguez Zapatero, acuciado por la crisis y por Bruselas, quien puso fin a la indexación con el IPC mediante la ley 27/2011), y se ha acabado adhiriendo a la petición de comparecencia. Ciudadanos está manteniendo una actitud prudente, dentro de su nueva línea de relativa confrontación con el PP, pero al final no podrá quedarse al margen. Y el propio PP, en última instancia y al ver que todos los ojos se volvían hacia él, no ha tenido más remedio que ofrecer unas vagas ventajas fiscales a los pensionistas "mayores", que son un guiño poco consistente que no conduce a parte alguna, y promover motu proprio el pleno monográfico que escenificará Rajoy y que demanda todos los grupos.
Una gran parte de la opinión pública de este país y desde luego todos los interesados directamente en el asunto, creen que: a) los pensionistas han de conservar su poder adquisitivo durante todo el tiempo de percepción de la pensión y b) no debe producirse un descenso significativo de las expectativas de los futuros jubilados, ya que los trabajadores tienen derecho a la certeza de que al concluir su vida laboral tendrán un retiro digno. En consecuencia, la argumentación del pacto de Toledo ha de hacerse al contrario de cómo se ha planteado hasta ahora: al analizar la sostenibilidad, no ha de establecerse qué pensiones pueden pagarse a la vista de los ingresos previstos sino qué ingresos hay que disponer para mantener un sistema de pensiones acorde con la exigencia de la sociedad y con la dignidad de las personas. Ya se verá si los recursos han de provenir de las cuotas, de un impuesto finalista ad hoc (como en Francia) o de los Presupuestos Generales del Estado; pero ha de descartarse por completo el cálculo economicista que considera que la supervivencia de los jubilados ha de supeditarse a la coyuntura o a los intereses electorales de los partidos.
