El nacionalismo catalán está dividido y, por su propio bien (y el de los catalanes todos) tiene que encontrar un camino hacia la unidad. En efecto, es evidente, al hilo del dificilísimo ejercicio de digestión de las pasadas elecciones autonómicas (hace ya más de dos meses), que una parte del soberanismo ya ha interiorizado que la causa independentista, que ha obtenido otra vez el apoyo de menos de la mitad del electorado y ha encontrado enfrente la contundencia del estado de derecho, no tendrá más remedio reconocer que se encuentra en una situación de bloqueo cuya única salida razonable es regresar a la legalidad y a las instituciones hasta encontrar una situación más propicia, bien porque el independentismo gane adeptos, bien porque el Estado se debilite por alguna razón. Quienes han llegado a estas conclusiones razonables son los que pugnan más o menos solapadamente con Puigdemont para que este deje de frenar la formación de un gobierno operativo y estable -es decir, presidido por una personalidad no imputada en la causa abierta por el golpe de mano-.
Enfrente, están los irreductibles, con Puigdemont a la cabeza, dispuestos a proseguir el procés a cualquier precio hasta la independencia, o hasta la derrota final. Puigdemont, que no tiene nada que perder en este órdago (la opción alternativa es el regreso y la cárcel), cuenta ya con el apoyo de la ANC, que acaba de aprobar la hoja de ruta "para activar la república" (Cataluña sería ya una República "proclamada", pero todavía no efectiva) y que propone al imputado Jordi Sánchez para presidir la Generalitat y, en un plano más combativo, el de los Comités de Defensa de la República, instigados y apoyados por la CUP, la organización antisistema, y que algunas informaciones cifran ya en 172 pequeñas organizaciones de base.
La dialéctica entre las dos posiciones no se ha resuelto, y de ahí que se mantenga la pugna entre JxCat (las siglas bajo las que se oculta vergonzantemente CDC, que tuvo que cambiar de nombre tras descubrirse el caso Pujol) y ERC, formaciones que tampoco han logrado internamente la unanimidad. La confrontación no es clara y la ambigüedad resulta llamativa. Así, es difícil de entender la peripecia del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, quien siendo de ERC y estando por tanto bajo la influencia de Junqueras, parece sin embargo decidido a no defraudar a Puigdemont. Veremos cuál es su conducta en el pleno de mañana.
El objetivo de unos y otros es, nominalmente al menos, la normalización, pero habrá que definir este término porque está adquiriendo una polisemia excesiva: "normalización", en el caso catalán, es sencillamente el retorno a la legalidad, contando con que los procesos judiciales abiertos seguirán su curso irremediablemente hasta su desenlace natural.
Para entender del todo lo que quiere decirse con ese concepto, es recomendable describir cuál sería la opción alternativa: la no normalización, que provendría del regreso a la ilegalidad parlamentaria , supondría como mínimo la pervivencia de la intervención al amparo del artículo155, con consecuencias que trascenderían del plano puramente político: la economía catalana, que todavía resiste sin desplomarse, terminaría deprimiéndose si el marco institucional fuera de excepción. No sólo no regresarían las más de 3.000 empresas que han salido del Principado sino que tendría lugar una verdadera desertización empresarial y un declive del sector servicios, basado en el turismo.
Ya se sabe que el nacionalismo tiene tendencia a vestirse con ropajes estoicos y heroicos, por lo que no parece útil alertar a los más exaltados de las consecuencias que tendría prolongar indefinidamente un conflicto que no logra ni de lejos la masa crítica necesaria para derivar en una verdadera ruptura territorial. Por ello, debe ser la propia sociedad catalana la que se defienda de los extremistas, la que oponga su sensatez al delirio, la que haga valer su opinión con claridad frente a la mentira -no hay paraíso alguno fuera de la Unión Europea- y la que ha de crear el clima propicio para un retorno a la razón.
