Se han cumplido dos meses desde las elecciones autonómicas catalanas que debían haber puesto fin a la excepcionalidad rupturista, a la intentona de golpe de mano independentista, respondida oportunamente por el Estado con la contundencia que merecía el caso. Ya es notorio que ese Estado, que ha demostrado su vigor y su fortaleza, no consentirá fórmulas excéntricas e ilegales a la hora de formar el Gobierno de la Generalitat, evidencia que casi todos parecen haber interiorizado. Pero Puigdemont, que sabe que no será presidente, se resiste a reconocer la realidad y quiere ahora asegurarse el control, la hegemonía, la primacía, la preponderancia en el ámbito del soberanismo.
Y eso es imposible, evidentemente, porque bajo ese nacionalismo viscoso y romanticó que se llena la boca de consignas patrióticas y de proclamas cargadas de magnanimidad, hay una lucha solapada por el poder. Los principales actores de esta aventura imposible no sólo quieren dotar de Estado a la nación catalana sino también dominarla, ser ellos los beneficiarios del ulterior reparto de cargos y prebendas que tal alumbramiento produciría.
Seamos claros: Puigdemont y Junqueras, con sus respectivos ejércitos de cortesanos, se disputan el poder real. Eso es lo que les interesa. Porque en el fondo, y bien a la vista está, les importa una higa el bienestar de los catalanes. De otro modo, no habrían arrojado el país por el despeñadero.
