"Se hará lo que dictaminen los técnicos". No fue la primera vez que escuché esta promesa, pero sí la que demostró de una manera más preclara que las maneras funestas de la política muchas veces se disfrazan de objetividad empírica. Salía de los labios del por entonces alcalde del PP de Palma, Joan Fageda, sobre la conveniencia de que la ciudad comprase un cementerio ruinoso que ni siquiera estaba en su término municipal. Se trataba de Bon Sosec, el camposanto privado de Marratxí construido años antes por la empresa familiar del propio primer edil, que le había llevado a la quiebra con el consiguiente perjuicio de su prestamista, la extinta Sa Nostra. No hubo lugar al típico giro de guión que sorprende al público, y el informe técnico declaró legal e incluso aconsejó adquirir esa ganga con el dinero de los sufridos contribuyentes. Y así se hizo, con un par, motivo por el cual hoy día la ciudad posee activos funerarios en el pueblo vecino y Fageda disfruta de una jubilación tranquila. Quién eligió a los técnicos que sancionaron la estrafalaria operación. Quién valoró sus informes, si es que alguien los leyó. Eran épocas de mayorías absolutas que solo precisaban la apariencia de legalidad, no de moralidad. Desde entonces, yo un informe técnico lo cojo como el sushi, con palillos y sabiendo que se va a desmoronar a poco que lo menee. Lo último que espero de un gobierno progresista y de izquierdas es que me remita a un informe técnico para cualquier tema peliagudo que ponga en juego la calidad de vida de la ciudad, como por ejemplo el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Ya no compro más cementerios.
Incapaz de hablar claro sobre si se permitirá que el piso de arriba de la casa de usted o de la mía se use como una pequeña instalación hotelera descontrolada, el tripartito de Cort ha decidido encargar un dictamen externo, una contrata que nos costará 20.000 euros. Este gasto se justifica en la misma excusa que lleva toda la legislatura sirviendo a la inoperante área de Urbanismo: que la corrupción de gobiernos conservadores precedentes ha paralizado su gestión y no hay personal. Ni para revisar que se construyan edificios sin licencia a cien metros de la casa consistorial, ni para otorgar permisos, cuyas peticiones se acumulan a cientos en los pasillos. Pues señores, cerremos. Ignoramos si los expertos que deben dirimir sobre la zonificación vivirán en Lugo, y no tendrán ni idea de lo que supone dormir en Palma en verano, o serán locales, con sus propios intereses que defender, o seguirán instrucciones furtivas. Lo único que sabemos es que nuestros munícipes carecen de la valentía necesaria para tomar una decisión que solo es política. O crees que se puede mercantilizar todo porque la usura inmobiliaria se considera un derecho fundamental, o piensas que el tejido social de Palma y la tranquilidad de sus vecinos merece protección. O estás con los especuladores, o con los residentes expulsados de sus barrios por compradores ricos. O quieres un parque temático, o un sitio para vivir.
El colectivo Ciutat per a qui la habita se acaba de ofrecer para efectuar, gratis, el famoso informe sobre la zonificación que exige la ley de arrendamiento vacacional para los pisos. Un informe de una línea (se prohíbe en todo el término municipal) y un ahorro de 20.000 euros. Para quien considere que esta asociación hace una humorada con tan trascendente asunto, solo recordar que la idea no es suya. La propuso el alcalde Antoni Noguera hace unos meses, siendo concejal de Urbanismo. Se armó un pequeño escándalo, sus socios exigieron reuniones y consensos, y hasta hoy.
