El pasado día 7, los partidos vascos se reunieron para intentar dar respuesta al "desafío" -en palabras del portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka- de superar sus diferencias y abrir el proceso de actualización del estatuto de autonomía, tratando de conseguir un consenso mayor que el que se obtuvo en el referéndum del 25 de octubre de 1979, cuando la participación fue del 58,85% del censo, con un saldo del 90,27% de votos afirmativos. Como es conocido, el PNV gobierna actualmente el País Vasco gracias a un pacto de gobierno con el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra. El lehendakari Urkullu obtuvo el apoyo de 37 parlamentarios (28 del PNV y 9 del PSE-EE) en la sesión de investidura celebrada los días 23 y 24 de noviembre de 2016, resultando investido en la segunda votación por mayoría simple.
A esta reunión cuasi constituyente, el partido presidido por Andoni Ortúzar ha llevado sorprendentemente el "derecho a decidir". Para los peneuvistas, el encaje constitucional de este derecho, que es un eufemismo bajo el que se oculta el "derecho de autodeterminación", es posible profundizando en los derechos históricos que amparan la disposición adicional primera de la Constitución y la disposición adicional del estatuto de Gernika. El "derecho a decidir" se materializaría en una consulta pactada que el PNV denomina "habilitante" en la que los ciudadanos vascos refrendarían la nueva relación que quieren con el Estado. Para los peneuvistas, esto no supondría una ruptura con España.
Muchos creíamos que el final de ETA, que ha coincidido con mínimos históricos en la propensión independentista de los vascos según el Euskobarómetro, había supuesto el retorno de Euskadi a "la edad de la razón". El nuevo ambiente que se vive en Euskadi, de pletórica tranquilidad y creatividad después de décadas de miedo y de zozobra, parecía ser disuasorio de cualquier aventurerismo. Asimismo, el precedente del Plan Ibarretxe, desmontado por el Estado y desacreditado en Euskadi, parecía sugerir que habían de cesar las aventuras unilaterales.
Pero no: el PNV es, como todos los nacionalismos, insaciable, y una vez más se confirma que la voracidad es la norma de estas formaciones, que en la mayoría de los casos viven de la propia tensión que generan. Y, de hecho, esta actitud les reporta ventajas y beneficios: la negociación reciente del concierto y el cupo así lo demuestra.
Realmente, el PNV ha sido cuidadoso en sus planteamientos: descarta que ese camino sugerido conduzca a la independencia y cuida su relación transversal con el PSE, y en todo caso deja claro que "el proceso de actualización del autogobierno vasco se deberá desarrollar dentro del marco legal", adecuándose a los procedimientos establecidos en la ley fundamental. Sin embargo, tales designios tienen que resultar por fuerza intranquilizadores porque el PNV no está solo en esta aventura: el PNV, EH Bildu y Podemos, los tres partidos que defienden la inclusión del "derecho a decidir" en ese nuevo texto, suman 57 de los 75 escaños del Parlamento „28 el PNV, 18 EH Bildu y 11 Elkarrekin Podemos„, es decir, el 76% de la Cámara, frente a los nueve escaños del PSE y los otros tantos del PP. Y EH Bildu no ha declarado que no quiera romper con España.
Parece claro, y lo sabe todo el mundo, que el Estado no podrá tolerar que una herramienta tan explosiva como el derecho de autodeterminación, que agrada sobremanera a EH Bildu y cuya sola mención ha llenado de explícito alborozo a Otegi, el coordinador general de dicha organización, figure en el estatuto de autonomía. Con independencia de que tal pretensión choque frontalmente con la Constitución, ya es hora de que, con el debido respeto al PNV, que siempre se ha comportado adecuadamente, se marquen los límites precisos que definen la irrenunciable e irreversible unidad del Estado. Si complejos y con la contundencia que permite la condición democrática del régimen, la pertenencia a Europa y esa visión superior que debe imponerse a las aspiraciones fragmentarias y localistas que van siempre en la dirección contraria del progreso.
