El final del bipartidismo imperfecto que, a escala estatal, puede fecharse en las elecciones generales de 2015, cuando Podemos y Ciudadanos irrumpieron con fuerza en el abanico parlamentario, ha supuesto de momento una evidente parálisis para el sistema democrático. Tras aquellas elecciones de diciembre de 2015, las fuerzas políticas fueron incapaces de encontrar una fórmula de estabilidad (como se recordará, Podemos se negó a secundar el pacto PSOE-C´s) y hubo que acudir a las urnas de nuevo el 26 de junio de 2016. Y como lógicamente los resultados fueron parecidos, el logro de una fórmula de gobierno resultó igualmente ardua. Mariano Rajoy no aceptó el encargo regio de intentar la investidura, y finalmente su continuidad en el poder sólo fue posible cuando el PSOE se fracturó en un episodio dramático en el que los autores de un golpe de mano interno descabalgaron al secretario general, disconforme con permitir por omisión la continuidad de la derecha.
Se salvó aquel bache y Rajoy pudo formar gobierno de nuevo, pero el saldo de la legislatura es desolador. Por fortuna, PP, PSOE y C´s han hecho piña en la cuestión catalana, en la que estaba en juego el Estado; no cabía esperar menos de unas formaciones conscientes de sus obligaciones constitucionales y de la necesidad ineludible de preservar el estado de derecho. Pero en todo lo demás, el Ejecutivo y el Legislativo permanecen en un inquietante marasmo. A finales del pasado mes, el líder de IU, Alberto Garzón, planteó su protesta por carta ante la presidenta de la Cámara baja y acusó al Gobierno de forzar "una paralización legislativa" en el Parlamento. IU considera que, más allá de una estrategia del grupo de lidera Mariano Rajoy, el escaso número de leyes aprobadas en año y medio es la consecuencia de un funcionamiento incorrecto de las Cortes: "Me preocupa enormemente que el Congreso de los Diputados, de cuyo correcto funcionamiento usted es responsable en última instancia, esté coartando lo decidido por los legítimos representantes de la ciudadanía", decía Garzón a Ana Pastor.
Lo cierto es que en lo que llevamos de legislatura -año y medio- apenas se han aprobado catorce leyes, de las cuales nueve son trasposiciones de directivas comunitarias. El Gobierno no ha sacado adelante una sola norma de rango legislativo. En su carta a Pastor, Garzón comentaba además que "diversos medios de comunicación comparaban estos días la situación con los quince primeros meses del Gobierno de José María Aznar, en los que se aprobaron hasta cincuenta proyectos de ley, o con el primer año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando hubo 45 proyectos aprobados".
La oposición no ha conseguido tampoco sacar adelante sus principales iniciativas. La Mesa del Congreso, controlada por el PP y C´s, prolonga reiteradamente los plazos de enmienda para alejar la tramitación de los proyectos incómodos. Afirma Garzón que en ese impasse hay asuntos atascados durante más de un año y "tan significativos" como la modificación de la "ley mordaza". Esta proposición está congelada desde abril de 2017. La propuesta para suspender la LOMCE es aún más antigua, paralizada desde diciembre de 2016. "La despenalización del derecho de huelga está estancada desde junio de 2017; la proposición de ley para la mejora de la justicia universal desde marzo de 2017; aquella que incrementaría el salario mínimo interprofesional está retenida en Cortes desde diciembre de 2016"... De hecho, la mayoría absoluta del PP en el Senado y la norma constitucional que permite al Gobierno vetar aquellas iniciativas que supongan incremento de gasto son herramientas que facilitan la paralización de la tarea legislativa.
Lo cierto, en fin, y lo que trasciende a la opinión pública es que el pluripartidismo está generando ingobernabilidad y produciendo un déficit democrático, que impide que el país avance, se modernice, incorpore novedades a su ordenamiento a media que vayan advirtiéndose las necesidades. Esta parálisis se puede atribuir a las instituciones, pero en realidad la responsabilidad es de los actores: la incapacidad de negociar y de pactar, que se disimuló en el anterior modelo bipartidista, es hoy la principal carencia democrática de este país.
