A menudo, en política, los cambios significativos suceden de un modo poco aparente al principio. Amparado en su mayoría absoluta, José Ramón Bauzá no suponía que la polémica aplicación del TIL hace cinco años derivaría en una fuerte contestación popular que llegó a sumar un buen número de profesores, padres y alumnos. Es probable que tampoco el actual Govern creyera que su intención de exigir unos conocimientos mínimos de catalán a los profesionales de la salud pública en Balears conduciría a una fuerte contestación interna -prácticamente unánime en el sector- ni a la retirada final de la propuesta por parte de sus promotores. Una comparación con los ciclos naturales del clima puede servirnos para iluminar la complejidad de muchas decisiones políticas: son las frágiles capas de hielo que se forman durante el mes de agosto en el Ártico -en mayor medida que las producidas por las consistentes nevadas de invierno- las que bajan la temperatura y acrecientan la glaciación del Polo Norte, aunque se trate de un hecho en apariencia contraintuitivo. Del mismo modo, tampoco resultaba previsible que el Pacto renunciase a exigir el catalán en la Sanidad -en contra de lo que es un requisito común para toda la función pública autonómica y local en las islas-, aunque es probable que, al final, los partidos del Govern temieran algún tipo de respuesta electoral negativa para sus intereses si continuaba abierto el enfrentamiento con el sector. Con el acuerdo llegado entre el PSIB y Més, hay que señalar -eso sí- que se aparcan las diferencias internas y se logra ofrecer al electorado un mensaje de unidad y de actuación conjunta, después de unos meses que, por distintos motivos, han resultado difíciles para el Pacto.

La buena noticia indiscutible del nuevo decreto es que finalmente se convoca un buen número de plazas de funcionario, que permitirán dotar de una mayor estabilidad laboral a muchos profesionales que trabajan en el Servei de Salut de las islas. Se trata de un paso adelante en la lucha contra la precariedad y el interinato que, en campos como la sanidad o la educación públicas, han llegado a niveles excesivos. Sin embargo, con el decreto del Govern, nadie queda del todo satisfecho. Por un lado, porque el más que razonable planteamiento inicial de una administración autonómica capaz de atender en los dos idiomas oficiales de las Balears no se podrá llevar a la realidad plenamente, lo cual supone una dolorosa renuncia para todos aquellos ciudadanos más sensibles a la cuestión lingüística. Por otro, porque el acuerdo entre las formaciones de izquierda y econacionalistas supone vincular el acceso a la carrera profesional por parte del personal sanitario a una acreditación de sus conocimientos de catalán en un plazo de dos años; dicha medida ha causado crispación en el Sindicato Médico, que la considera inadmisible.

Tras cuarenta años de vida en democracia, la cuestión de las lenguas oficiales continúa coleando y es probable que siga así durante algunos más. Lograr un consenso perdurable entre las distintas fuerzas políticas, que vaya más allá de una o dos legislaturas, debería ser un objetivo central para los principales partidos del país. En caso contrario, corremos el riesgo de que lo que consigue uno por un lado se pierda al cabo de otra legislatura. El consenso amplio y generoso constituye una necesaria virtud democrática que no debemos olvidar en épocas de enfrentamiento y cálculo electoral. Y esto obliga a negociar, ceder y pactar. Tanto el catalán de nuestras islas como la sanidad pública se merecen un pacto para varias legislaturas.