Puestos a buscar un dicho que refleje lo que ha sido hasta hoy la llamada "ley del alquiler turístico", y aun a sabiendas de que su desarrollo reglamentario se halla todavía inconcluso, dudo que exista alguno más indicado que el que sostiene que lo que mal empieza, mal acaba. Tuvo que transcurrir casi media legislatura para que el Govern, después de numerosas dilaciones y rectificaciones, se atreviera a presentar el proyecto de ley en el Parlament. Tras la tramitación del proyecto y la votación en pleno, la ley finalmente aprobada fue calificada de "ley Frankenstein" por el entonces vicepresidente Barceló, su principal mentor. Una semana más tarde, un decreto ley devolvía algo de regularidad al monstruo. Y, ahora, los consells de Menorca y Mallorca, en consonancia con lo que prescribe el engendro legal, han hecho públicas sus propuestas de zonificación. En otras palabras, han comunicado a los ciudadanos que venían alquilando sus viviendas a turistas -lo que les había permitido, por cierto, seguir pagando sus hipotecas y evitar los consiguientes desahucios, acometer reformas imprescindibles en su patrimonio o, simplemente, llegar a fin de mes- si les había tocado la lotería y podían continuar alquilándolas o si, por el contrario, debían renunciar a ese derecho inherente a su condición de propietarios.
Y es aquí, en la zonificación, donde mejor se comprueba el alcance del desaguisado perpetrado por nuestros gobernantes. Cojamos el caso de Mallorca y la propuesta de su Consell Insular. Esa propuesta divide tanto el litoral como el interior de la isla en zonas maduras y saturadas y en zonas que no lo están. Pues bien, los criterios para justificar semejante división son casi "un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma". Con el agravante de que esto no es Rusia y de que, por desgracia, aquí no hay clave.
Vayamos al fondo del asunto. El Consell lleva publicando desde hace un año una cantidad ingente de memorias y planos del nuevo Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos, el PIAT. Y ese plan es el que se supone debe servir para decidir si una zona ha de ser considerada madura o inmadura, y saturada o no. El problema surge cuando uno compara la síntesis del avance del PIAT aprobada en julio con la actual propuesta de zonificación y empieza a analizar los cambios introducidos.
Así, el pasado mes de julio se aprobó que, además de la Platja de Palma y s'Arenal, Peguera, Santa Ponça y Palmanova-Magaluf, también se declararan maduras y saturadas las zonas de Cales de Mallorca, Cala Millor, Cala Bona, Son Moro y s'Illot. Y ahora, transcurrido más de medio año, esas últimas cinco zonas se han caído de la lista y nadie acierta a saber la causa de semejante reverdecimiento.
Comparemos Palmanova, que no ha perdido la condición de madura, con Cala Millor, que sí la ha perdido. Con los datos del Consell en la mano, comprobamos que se trata de núcleos muy parecidos, con un número y una densidad de plazas turísticas bastante similar. En julio pasado incluso ya se preveía un plan de reconversión y mejora para Cala Millor. ¿Qué ha ocurrido desde entonces para que Cala Millor haya dejado de ser considerada zona madura? ¿Ha rejuvenecido de repente? ¿Con qué razones puede justificarse el agravio que deben sentir, a estas alturas, los residentes de la costa de Calvià?
Otro caso que llama la atención es la calificación de zona madura y saturada para las urbanizaciones residenciales de Son Verí Nou y Cala Blava en Llucmajor, muy cercanas a s'Arenal. ¿Cómo pueden ser maduras turísticamente unas zonas que apenas tienen un hotel? ¿Qué las diferencia de otras urbanizaciones cercanas a núcleos turísticos situadas al otro lado de la bahía de Palma, como la Costa de la Calma o el Toro?
Si en la costa el Consell se contradice a sí mismo sin ningún rubor, es en el interior donde las contradicciones y los agravios son más notorios. El cálculo propuesto para justificar la declaración de "núcleo de interior con mayor presión turística" crea disfunciones y absurdos como que en Pollença, Alcúdia o Santanyí sólo se puedan alquilar viviendas sesenta días al año y, en cambio sí se puedan alquilar todo el año en el port de Pollença, el port d'Alcúdia y en cala Santanyí. O sea, a cuatro pasos. ¿Y qué me dicen de los casos de Ariany, Ruberts y Randa? ¿Qué crimen habrán cometido sus habitantes para ser los únicos pueblos de es Pla que sólo podrán alquilar sus casas sesenta días? ¿Tan diferentes son los residentes de Ariany de los de Maria o de Petra? ¿Y qué hay del castigo impuesto a todos los pueblos de la Serra de Tramuntana? Por no hablar del caso del port de Valldemossa y el port des Canonge, que han perdido, de la noche a la mañana, su condición de puerto y núcleo litoral y han sido obligados a mudarse al interior. ¿Tan costoso resultaba tener en cuenta la opinión de los ayuntamientos afectados?
Por supuesto, la propuesta de zonificación del Consell de Mallorca esconde otras muchas sorpresas, a cual peor. Como, por ejemplo, la discriminación entre las viviendas unifamiliares cuya licencia no caduca y las plurifamiliares cuya licencia sí lo hace al cabo de cinco años; estas últimas, a medida que vayan caducando, deberán renovarse, previo pago, para poder adquirir el correspondiente "certificado de adquisición de plazas turísticas". O como el efecto maligno que la zonificación tendrá sobre la oferta complementaria, tan castigada hoy en día por el llamado "todo incluido".
Ciudadanos ha sostenido desde el primer día que el alquiler vacacional debe regularse. Y sigue sosteniéndolo. Pero esa regulación ha de obedecer a criterios objetivables que eviten agravios comparativos y no discriminen determinadas zonas con respecto a otras. Por eso propusimos, en el proceso de tramitación de la ley, que la zonificación no fuera excluyente, sino ponderativa. Al igual que el resto de parámetros que estaban en juego. Para que ningún ciudadano resultara perjudicado por la aplicación de una ley que, tal como se ha aprobado y se está aplicando y desarrollando, constituye una soberana injusticia.
* Portavoz de Ciudadanos en el Parlament balear
