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Antonio Papell

A vueltas con la ley electoral

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han decidido negociar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Ambos ha acordado telefónicamente iniciar los contactos a través de los portavoces de ambos grupos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero y Juan Carlos Girauta, que ya mantuvieron ayer la primera reunión. Albert Rivera ha explicado para justificar su legítima pretensión que si el sistema electoral hubiera sido más proporcional, en Cataluña hubiese vencido la mayoría no nacionalista e Inés Arrimadas sería actualmente la presidenta de la Generalitat.

El asunto es muy interesante pero en absoluto simple ya que en las democracias más perfeccionadas conviven sistemas electorales muy distintos que oscilan entre las fórmulas extremas, el sistema proporcional puro y el mayoritario puro. Según la conocida ley de Duverger, la proporcionalidad pura conduce al pluripartidismo (el sistema italiano que pervivió varias décadas tras la segunda guerra mundial es el ejemplo más genuino), en tanto el sistema mayoritario puro lleva al bipartidismo (el sistema británico actual). Entre ambos hay modelos proporcionales corregidos, como el español, sistemas mixtos como el alemán (una parte de los representantes se eligen por el sistema proporcional y el resto por el sistema mayoritario) y sistemas mayoritarios a dos vueltas que dan más opciones a las minorías, como el francés. Los sistemas pluripartidistas son más inestables, en tanto que el bipartidismo es en teoría la encarnación de la estabilidad.

En España, el modelo electoral vigente, que fue obra de un grupo de altos funcionarios que asesoraban al gobierno de Adolfo Suárez y que ya rigió en las elecciones preconstitucionales de 1977, no fue una improvisación: se pretendía favorecer la formación de dos grupos hegemónicos, de centro-derecha y centro-izquierda, dar cabida asimismo a un pequeño Partido Comunista y permitir el ingreso en el Parlamento de las minorías nacionalistas catalana y vasca. El objetivo se logró con creces, y ha funcionado relativamente bien hasta la gran crisis económica reciente un bipartidismo imperfecto bastante funcional y operativo, aunque muy dependiente de las minorías nacionalistas que han actuado con frecuencia ene papel de bisagras. La crisis, sin embargo, ha desgastado tanto a los partidos hegemónicos que ni la ley electoral que servía de muro de contención ha podido impedir que irrumpiesen con fuerza los nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, que lógicamente reclaman ahora, con toda legitimidad, el final del viejo modelo.

Es en definitiva saludable que se abra el debate, si bien debería adoptarse una cautela previa: aunque el margen constitucional es amplio -el artículo 68 tan sólo establece que "la circunscripción electoral es la provincia" y que "la elección [de los miembros del Congreso de los Diputados] se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional"-, la ley electoral es materia constituyente, por lo que sería desleal para el espíritu constitucional reformarla sin un amplísimo consenso en el que no participaran al mismo tiempo, al menos, los cuatro grandes partidos actuales.

Avanzar hacia la mayor proporcionalidad es tentador ya que con ello se produce un acercamiento a la máxima democrática de "un hombre (y una mujer), un voto". Pero ténganse en cuenta en la reflexión dos argumentos: uno, que el Reino Unido es la más vieja democracia del mundo y posee un indiscutido sistema mayoritario; y dos, que el experimento cuasi pluripartidista que estamos viviendo es frustrante, de indecente parálisis parlamentaria por la incapacidad de pactar de nuestros políticos. En este sentido, el pluripartidismo es la parálisis.

Digerido lo cual, debatan sus señorías, con la conciencia de que la solución a sus afanes no será fácil ni directa. Y piensen que, siendo Alemania un país admirablemente organizado y con características territoriales cercanas a las nuestras, se ha dotado de una ley electoral compleja pero muy equitativa que concilia una representación sensata con la gobernabilidad y con la sensibilidad federal. Quizá la solución pudiera lograrse por este camino.

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