El cáncer, pese a los admirables avances científicos que logran ya altas cotas de supervivencia y han devuelto con fundamento la esperanza a los enfermos, sigue siendo el más trágico diagnóstico, que cambia radicalmente la vida de las personas. Pero hay en esa enfermedad un aspecto tremendo, socialmente injusto, que resulta perturbador y que tiene solución: como acaba de poner de manifiesto el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), cerca de 25.000 personas con cáncer se encuentran cada año en riesgo de exclusión social a causa de la enfermedad, lo que supone casi un tercio (el 27,7 %) del total de diagnósticos en la población activa en España en 2017.
El cáncer, en efecto, genera largos periodos de baja laboral, que con frecuencia suponen una merma considerable de ingresos. El problema es particularmente sangrante para los trabajadores autónomos, perdedores en todas las guerras de esta clase.
Frente a este problema, las asociaciones humanitarias piden la rápida formulación de un plan integral de protección a los enfermos de cáncer, que habría que extender a todas las enfermedades de larga duración. No se entiende como no se ha tomado ya alguna iniciativa en este sentido ya que ningún país avanzado puede tolerar en su seno estas bolsas de sufrimiento en que la enfermedad sobreviene agravada por el miedo y la miseria.
