Vaclav Hável anotó en las memorias de sus años al frente de la república checa que al principio de su mandato hacía cola en el dentista como todo el mundo. Pasado un tiempo, preguntó si el dentista podía abrir su consulta un poco antes para atenderle. Es una excelente descripción autocrítica del "germen de la corrupción" acuñado por Joseph Conrad, y estamos hablando de uno de los estadistas contemporáneos más respetables.
Gobernantes no tan exigentes como Hável imponen a continuación al dentista un horario especial para sus familiares. Y así sucesivamente hasta llegar al Lord Acton de "todo poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente". Sin embargo, la corrupción confesada por el PP no solo en la comunidad valenciana hubiera obligado al aristócrata británico y católico a buscar un adverbio superior en grado a "absolutamente".
Las confesiones de Ricardo Costa y de otros cargos y contratistas del PP en el caso Gürtel demuestran que Baltasar Garzón se quedaba corto en la instrucción inicial del escándalo. La frecuente ironía de la historia ha querido que el desnudamiento de la financiación electoral de los populares haya ocurrido seis años exactos después de la condena del Tribunal Supremo por prevaricación, que inhabilitó al instructor de la Audiencia Nacional durante once años y supuso la práctica liquidación de su carrera judicial.
La condena a Garzón se produjo precisamente por su gestión de las escuchas a los abogados de Gürtel. Conviene precisar el caso concreto, porque la sentencia sobrevino en medio de un auténtico "baile de querellas", por utilizar la expresión del magistrado en el enciclopédico repaso a su carrera bajo el título En el punto de mira. A los jueces del Supremo solo les faltó culpar a su colega de la muerte de Carrero Blanco, y esto no debe entenderse en ningún caso como un chiste sobre el ilustrísimo almirante.
Un examen atolondrado apuntaría a que la confesión de Costa y compañía revalida el enfoque de Garzón. Al contrario, el Supremo condenó a Garzón pensando que el caso instruido contra el PP tenía una gravedad moderada, suficiente para excitar al gallinero con los papeles de Bárcenas que aflorarían más adelante. La confirmación ahora de una corrupción radical, en cuanto que afecta a las raíces y entrañas del partido, obliga a los magistrados a replantearse un endurecimiento de la condena contra el juez expulsado de facto de la carrera.
Lo correcto sería endosar a Garzón los mismos años de inhabilitación que sumen eventualmente las condenas por la corrupción masiva del PP. Solo así culminará proporcionalmente la "plena campaña de desprestigio tras el estallido del caso Gürtel" que el juez anota en su libro. La exigencia punitiva parece lógica, dado el esfuerzo del Gobierno para premiar con la presidencia de la Sala del Supremo a Manuel Marchena, que intervino en las tres querellas contra el magistrado inhabilitado y que aprovechó el auto de archivo de los cursos en Nueva York para llevar a cabo un ejemplar character assassination de Garzón. Ni por esas logrará superar en popularidad y aprecio a su compañero.
El primer instructor de Gürtel pecó por defecto, y cabe reprochárselo, pero nadie imputará al Supremo una falta de énfasis acusatorio contra Garzón. Se le abrieron tres querellas en el plazo de seis meses, probablemente una plusmarca incluso para delincuentes habituales. Dado que los expertos de guardia inscribían la querella trimestral contra el instructor de la Audiencia Nacional dentro de la normalidad judicial, cabría preguntarse cuántos magistrados en la historia de España se han sometido a tres actuaciones penales del altísimo tribunal en medio año. ¿Y a dos? Cuando menos, el funcionario inhabilitado recibió una atención excepcional.
Dada la normalidad de la triple instrucción contra Garzón, cabría preguntarse cuántos jueces han sufrido una condena del Supremo desde aquel 2012. O cuántos han sido apartados bruscamente de la carrera sin haber investigado al PP o a la popular Caja Madrid, por mucho que Gürtel y las black cards certificaran sus sospechas. O si es lógica la disparidad entre la proporción de jueces condenados y el volumen de falta de integridad en otras profesiones, con el matiz corporativo de que solo los jueces pueden juzgar a los jueces. Mientras dejen en paz al Gobierno no tienen nada que temer, según demuestran las multas cómicas del Consejo General a infracciones graves. Garzón demuestra que la justicia ni siquiera es igual para todos los jueces.
