Decía Montesquieu que el Poder Judicial ha de ser "invisible y nulo". Pero ello no es posible cuando actúa sobre asuntos que están en candelero e interfiere por tanto con el proceso político. Es el caso del juez Llarena, del Tribunal Supremo, que está actuando contra quienes resulten ser responsables de la intentona de golpe de Estado que el nacionalismo catalán llevó a cabo, convocando un referéndum ilegal el pasado primero de octubre e intentando declarar la independencia de Cataluña, fuera de normas y sin sujeción al ordenamiento constitucional. El instructor Llarena está actuando, desde su atalaya institucional, no sólo para reprimir delitos ya cometidos sino para evitar otros nuevos y, en concreto, para impedir que Puigdemont cometa nuevos fraudes de ley. La pretensión del expresidente de la Generalitat de ser investido telemáticamente y/o de participar por delegación en la sesión de investidura tiene que ser impedida por la Justicia ya que no es tolerable que un prófugo se convierta en una institución del Estado. No es en definitiva política lo que está haciendo Llarena (aunque Puigdemont denuncie su actuación con argumentos torticeros) sino simple desarrollo del Derecho vigente. Dejémosle trabajar y confiemos en que Interior sepa acompañar su trabajo con mayor eficacia y sutileza que la aplicada hasta ahora.
