La sociedad, no sólo la española, está inmersa en una serie de cambios rápidos y profundos que condicionan nuestro presente y nuestro futuro. Si pretendemos vivir y convivir con una cierta calidad de vida tenemos que hacer frente a una serie de retos. España debe afrontar un segundo proceso de Transición que afecta básicamente a dos ámbitos de actuación. En el primero las reformas en el ámbito socioeconómico deben posibilitar que los buenos datos macroeconómicos (poscrisis) se conviertan en progreso socioeconómico que revierta en el bienestar de la ciudadanía En el segundo ámbito, que abordaremos en una próxima colaboración, las reformas deben afectar a nuestras estructuras políticas derivadas de la Constitución del 78 y del consiguiente Estado de las Autonomías. Reformas profundas que deben emprenderse desde el gobierno, desde los partidos de la oposición y desde la sociedad civil.
Tales reformas estructurales deben reconducir, entre otras, las reglas de juego que articulan nuestro mercado laboral, las que rigen el obsoleto e injusto sistema de pensiones, las que recuperen la accesibilidad y calidad en los sistemas públicos de educación/ sanidad y de los servicios sociales. Y suma y sigue. Un recentísimo informe de la Comisión Europea cuestiona la eficiencia del sistema español de prestaciones sociales y nos ubica entre los países que menos ayudan a las rentas bajas. Bruselas vuelve a la carga. Y esta vez no es por el incumplimiento de las metas de déficit público. Ahora hay una nueva agenda social sobre la mesa. Todavía existen muchas heridas que restañar fruto de la crisis. El crecimiento ayuda a sanearlas. Pero el crecimiento también hace más patente la desigualdad: mientras que los trabajadores cualificados mejoran sus condiciones laborales, los poco formados ven como el amplio número de parados sigue presionando a la baja sobre sus salarios. La nueva agenda europea que impulsa la Comisión busca asegurar el reparto de la prosperidad y, por ende, atajar los populismos. Así surge una nueva exigencia europea, una nueva vara de medir distinta del déficit o la deuda. Y según esta, España vuelve a ser un alumno rezagado.
Los pensionistas siguen perdiendo capacidad adquisitiva y se nos advierte sibilinamente que el futuro pasa por los Planes Privados. La Ministra del ramo, Fátima Blazquez, al percibir diversos movidas y manifestaciones cívicas ni corta ni perezosa anuncia en el telediario un cambio en el sistema: la posibilidad de computar toda la vida laboral con un mínimo de 35 años seguidos cotizando, lo que podría implicar un aumento en la pensión. Pero las cosas no son tan claras, entre otras razones porque puede significar pan para hoy y hambre para mañana. Así lo han puesto de manifiesto expertos en la materia, que insisten que sin una "superación" de la actual Reforma laboral, "madre" del despido barato, empleo precario y salarios bajos, es imposible replantear de un modo serio una reforma de las pensiones. Lo urgente es huir de ocurrencias y convocar el denominado Pacto de Toledo donde plantear una reforma seria del sistema. Simplemente como aviso a navegantes: mientras nuestro empleo sea temporal y precario, y dominado por bajos salarios, es imposible crear y consolidar unos fondos de reserva que garanticen unas pensiones justas. Y sigo, la CEOE ha hecho una propuesta de negociación a los sindicatos con un aumento máximo del 2%, incluyendo posibilidades de no aumento, y sin incluir la cláusula de revisión en función del crecimiento del IPC. Y para más inri a un genio de las relaciones laborales se le ha ocurrido proponer, con el aplauso de algunos sectores empresariales, que los contratos de aprendizaje puedan ser efectivos más allá de los 30 años a (límite actual). Sin comentarios.
Otra reforma imprescindible es una Ley educativa consensuada política y socialmente. Es impresentable nuestra realidad: cambio de gobierno, nueva ley educativa. Hubo un intento de Pacto en 2.010 liderada por el entonces Ministro de Educación, Angel Gabilondo. Misión imposible ante la imposibilidad (¡valga la redundancia!) de encontrar unos mínimos denominadores en los que fundamentar un Pacto Educativo estable. La última la LOMCE, aprobada en 2.013 con los votos del PP y sin el consenso de la comunidad educativa, cuyo autor el insigne ministro Wert fue premiado (¿) con el cargo de embajador de la OCDE en Paris con un salario de 60.000 euros anuales más complementos, gastos de representación, coche con chófer y residencia de 11.000 euros al mes. Ahora nuevo intento de Pacto, con dos (?) Comisiones en marcha (Senado y Congreso). No existe ningún anteproyecto, sólo 15 puntos a debatir. ¿Cuándo?, ¿cómo?, y ¿con quiénes? Continuaremos con las necesarias reformas en el ámbito de las estructuras políticas vigentes hoy.
