Cualquier demanda justa a la clase política debe ser calificada de utópica, así como el demandante merecerá ser tildado, como poco, de ingenuo. No cabe esperar la abolición del abominable "todo incluido" cuando el Parlament se plantea su regulación, aunque la desmonopolización del sector habría puesto fin al turismo basura, a la estacionalidad estival masiva y al cierre paulatino de empresas de servicio destinadas al turismo y no vinculadas a los hoteleros.

Lo que ya se ha regularizado, por así decirlo, es el arrendamiento de viviendas a personas no residentes en Balears, calificadas todas ellas como turistas, sea cual sea el motivo de su breve estancia en el archipiélago. Para hacerse con una competencia que no le pertenece, la conselleria de Turisme ha tenido que convertir el arrendamiento en alojamiento, traspaso al que ha denominado "alquiler vacacional". Este adjetivo, vacacional, otorga poderes al sector hotelero para que sus subordinados puedan hacer y deshacer lo que se les antoje desde la conselleria que le presta servicio en exclusiva. El resultado ha sido el blindaje y pulido de la ley de turismo que los hoteleros dictaron al Partido Popular.

La nueva ley ilegal tiene como primer objetivo convertir en una quimera la posibilidad de alquilar viviendas en plurifamiliares para estancias breves. ¿Qué hemos logrado con ello? 1.- Discriminar al turista, para quien no cabe la posibilidad de alquilar en igualdad de condiciones que los residentes baleares; además de tener la obligación de cumplir las normas de convivencia y respeto con el resto de vecinos, requisito del cual están exonerados los residentes baleares. 2.- Discriminar al arrendatario insular, privado del derecho de recibir el trato preferencial del inquilino extranjero, a quien se le proporciona servicio de toallas y sábanas limpias, entre otros; privado también del acceso al alquiler de una vivienda digna, derecho que se reserva a las rentas altas, equiparables a las alemanas, cuyo salario mínimo triplica al del ciudadano español, pese a compartir moneda. 3.- Discriminar al arrendador, quien no podrá alquilar su piso a quien le venga en gana, limitando su clientela al sector excelentemente remunerado, ya que el Govern no ha considerado necesario proteger al propietario ante la morosidad y el vandalismo habituales de los inquilinos insulares. 4.- Discriminar al sector hotelero, quien se cree liberado de toda competencia al vetar el alquiler a turistas, cuando éstos decidirán poner rumbo a cualquier otro destino turístico que permita dicha práctica: alquilan vivienda porque no quieren alojarse en hoteles, entérense o entiérrense. 5.- Hacer creer a algunos baleares que las islas les pertenecen.

¿Y quién sale beneficiado de la ley del PP evolucionada? 1.- Los ricos propietarios de unifamiliares de lujo con licencia para matar a un ruiseñor, la mayoría de los cuales son extranjeros que evitarán anunciarse en portales tresuvedobles, amén de esquivar al fisco, acto que proporciona al rico un placer insuperable y más riqueza. 2.- Los propietarios de apartamentos en edificios plurifamiliares que llevan décadas alquilando a turistas sin declarar absolutamente nada, salvo sus pingües beneficios durante una sobremesa etílica; a la mayoría de ellos no los localizarán en el municipio de Pollença, donde ejercen su actividad ilegal. 3.- El exconseller de Turismo, por haber logrado su triple objetivo: asegurar el buen posicionamiento hotelero en la lista Forbes, dimitir y viajar gratis en horario laboral. 4.- Y sobre todo la expresidenta de la patronal hotelera.

Todo ello debe agradecerse al máximo responsable de este meollo, el pueblo soberano, es decir, nosotros.

*Empresario