La Constitución española de 1978, actual legalidad vigente, tienen dos características básicas, su carácter consensuado y democrático. A diferencia de las constituciones del siglo XIX, que solían obedecer a criterios partidistas más o menos conservadores o más o menos progresistas, en un contexto de inestabilidad gubernamental, pronunciamientos militares y guerras civiles, la actual ha sido fruto del acuerdo -y por tanto en parte cesión- de casi todas las fuerzas políticas representativas, desde la AP conservadora de Fraga al PCE comunista de Carrillo pasando por la UCD centrista de Suárez y el PSOE socialista de González.

Su segunda característica es su carácter democrático, ha sido aprobada en referéndum nacional por el 80% del electorado, incluido el 85% del electorado de Cataluña. Aunque define España como monarquía parlamentaria, el Parlamento pinta poco y el rey menos, siendo solo un primer representante o embajador del estado. Quien ejerce el poder ejecutivo y dirige la Administración es el Gobierno. Siendo la cuestión monarquía o república irrelevante en la actualidad, tres principales polémicas aún candentes son la cuestión autonómica, la división de poderes y la cuestión social. Los libros dicen que el Parlamento tiene la iniciativa legislativa, lo cual es inexacto.

Los diputados y senadores no suelen hacer propuestas de ley, sino enmendar, rechazar o aprobar los proyectos de ley que les remiten los ministerios. Para que hubiera auténtica división de poderes los jefes fiscales y el gobierno judicial no deberían ser nombrado por el Gobierno, sino por 2/3 del Parlamento, lo que obligaría al consenso. Eso de que no se respeta el derecho al trabajo a o la vivienda porque hay paro es una falacia. Una cosa es el derecho o el deber y otra la obligación. El Estado no tiene la obligación de proporcionar vivienda, trabajo, ocio o turismo gratis a los ciudadanos, sino favorecer la igualdad de oportunidades y el crecimiento económico. Nada es gratis, todo tiene un coste en impuestos.

La mejor política social es la política económica eficaz. Ante los que dicen que hay que reformar la Constitución democrática vigente lo primero a plantear es con qué consenso y para qué. El descalificado por algunos "Régimen del 78" ha sido un éxito político, en una España que venía de una guerra civil cruel y una larga dictadura de derechas; éxito de reconciliación y tolerancia, pluralismo y recuperación de libertades. El problema es la partidocracia: ¿cómo hacer que los partidos deban tener funcionamiento interno democrático y no caciquil, se premie el mérito y no la adulación?

En cuanto a la polémica autonómica, España es plural pero ¿se debe premiar a los separatistas y desleales con más competencias y privilegios? ¿Se debe premiar a los peores gestores, para que les asuman sus deudas los demás? Hay que reformar la Constitución, pero para establecer el derecho a una tarjeta sanitaria común o enseñanza bilingüe en las regiones bilingües, no para favorecer el centralismo o el independentismo, anacrónico y absurdo en la Europa desarrollada que quiere integrarse.

Profesor de Geografía e Historia