El expresidente Puigdemont, crecientemente ridículo a medida que aumenta su gesticulación gestual y verbal, sostiene la tesis de que, si gana las elecciones, deben serle retirados los cargos judiciales que pesan sobre él. "Si hay una mayoría que nos da confianza -dijo esta semana-, volverán el presidente, el vicepresidente y consejeros injustamente cesados. Eso ha de ser posible y no puede haber ninguna otra alternativa". El esperpento de Constitución catalana provisional que aprobaron -es un decir- los soberanistas en el Parlament mediante la llamada ley de Transitoriedad creaba un incipiente poder judicial nombrado por el poder ejecutivo. Aquel gesto descarado que desdeñaba con displicencia a Montesquieu prevenía a los incautos del talante del engendro que se estaba tramando.
Ahora, las tesis de Puigdemont corroboran aquella tentativa: Puigdemont cree que las urnas lavan cualquier pecado original, incluso las infracciones penales que hayan podido cometerse. La pregunta es obvia: ¿deberían también los tribunales sobreseer las causas por corrupción que tuviesen abiertas los inculpados, todavía no condenados en firme, que se presentasen a unas elecciones?
Es un nuevo disparate descalificante que por sí solo ya retrata al personaje.
