Ayer dio comienzo en la Audiencia de Sevilla el primer juicio sobre el caso de los ERE, al que se someten dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, seis exconsejeros (entre ellos, la exministra Magdalena Álvarez) y 14 exaltos cargos. Lo que deberá decidir el tribunal en esta vista que concluirá el año que viene es la relevancia penal da la existencia de un fondo presupuestario de 855 millones de euros que fue aplicado al salvamento de empresas en crisis en la comunidad autónoma entre 2001 y 2010 sin cumplir -a juicio de la fiscalía y de las acusaciones particulares- las condiciones procesales y de transparencia exigibles. En cualquier caso, existieron extralimitaciones que están documentadas y que generaron evidente clientelismo político por la presumible arbitrariedad con que se concedieron las mencionadas ayudas.
La fiscalía solicita para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación continuada (el mismo delito que se imputa a Magdalena Álvarez) y seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán por malversación continuada. Este juicio se centra por tanto en averiguar si hubo dolo en la creación de un sistema opaco -que la intervención del Estado criticó pero no paralizó- para tener manos libres a la hora de subvencionar a empresas en dificultades.
Los expresidentes y exaltos cargos involucrados en este caso no buscaron el lucro personal, no se ha extendido la menor sospecha de que Chaves y Griñán obtuvieran algún beneficio. En realidad, lo que se sienta en el banquillo es un determinado modo de gobernar, intervencionista en el mal sentido de la palabra, que hundió sus raíces gracias al dinero público derramado sobre sectores sociales y económicos afines. Por decirlo más claro, en este caso nadie acumuló indecentes fortunas como Bárcenas, ni se utilizó el poder político para financiar al partido gobernante o para enriquecer a sus cuadros. Si hubo delito, este persiguió cautivar el voto, engendrar lealtades, afianzar a un partido que ha gobernado durante más de 35 años en la comunidad autónoma. Cualquier simetría que quiera buscarse entre el caso de los ERE y el caso Gürtel es inexistente, lo que no significa que ambos episodios no sean igualmente reprobables, aunque tengan matices morales y políticos muy diferentes.
Chaves y Griñán, profesionales de la política de largo recorrido de los que es difícil sospechar turbios manejos o favoritismos insidiosos, han actuado con corrección: Griñán dimitió en 2013 de la presidencia de la Junta de Andalucía; Chaves, Zarrías y Viera abandonaron sus escaños de diputados nacionales en 2015, y los imputados socialistas se dieron puntualmente de baja en el partido hasta que haya sentencia para no contaminarlo.
Este proceso debería cerrar un ciclo indeseable de la política española en que la corrupción, más llamativa en momentos de crisis económica, se ha vuelto insoportable y una amenaza para la estabilidad del sistema. El caso Gürtel, que también se halla en trámites judiciales, nos inmunizará seguramente contra la tentación de la financiación ilegal de los partidos mediante el cohecho y otros delitos afines; se han depurado las reglas de juego y se han afinado las normas jurídicas, al tiempo que se extremaba la transparencia, por lo que ya no será fácil recaer en estas figuras indeseables. El caso de los ERE, por su parte, deberá reforzar los criterios de buen gobierno al censurar la arbitrariedad en todas las decisiones administrativas -ya veremos si el error tiene trascendencia penal o no, pero la tiene políticamente en todo caso-, combatir el oportunismo y realzar a fin de cuentas el valor innegociable de la igualdad de oportunidades a la hora de recibir del Estado ayudas, ventajas o subvenciones, que deben ser otorgadas con criterios de insobornable objetividad. Con estos procesos, el régimen del 78 da los pasos definitivos hacia su depuración definitiva, que obliga a posteriori a una vigilancia incesante para que no decaigan los controles. Controles que son al cabo la garantía de que la política se debe en todo momento a los ciudadanos para preservar en última instancia el principio de legalidad.
