Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Antonio Papell

La parálisis

La gran crisis económica y social 2008-2014, cuyos efectos permanecen vivos y lacerantes todavía sobre una amplia capa de la población española, afectó a la gobernabilidad de este país: ante la flagrante incompetencia de los "viejos partidos" para manejar la situación, surgieron "nuevos partidos" (lo que complicó la gobernabilidad). Hubo elecciones generales el 20 de diciembre de 2015 y el 26 de junio de 2016, y enredado en las dificultades para gestionar la nueva aritmética parlamentaria y el desarrollo del 'procés' catalán, este país no ha avanzado desde la disolución de las cámaras de hace ya dos años. La parálisis ha sido la norma, el proceso legislativo normal -de modernización y avance a un ritmo prácticamente constante en las últimas décadas- se ha detenido (basta con examinar el BOE para advertirlo) y las energías patrias se consumen en apagar fuegos, tomar precauciones (más de dos mil empresas han abandonado Cataluña) y lanzar ideas inmoderadamente, que nunca llegan a buen puerto.

Este análisis, que es genérico, no debe sin embargo ser calificado de vago o de vaporoso: hay ejemplos concretos y tangibles de lo que quiere decirse. Veamos alguno de ellos.

En primer lugar, hay reformas políticas pendientes que no pueden ser postergadas si no se quiere perturbar el estado de bienestar de forma irreversible, con el consiguiente desgaste para el modelo constitucional, puesto que la demora da la razón a quienes piensan que el sistema establecido está tan decrépito que no es capaz ni siquiera de ponerse al día.

Una de estas reformas, inaplazable, urgentísima, es la del sistema de pensiones. Zapatero tuvo que tomar alguna medida excepcional en 2010, cuando los recortes extraordinarios urgidos por Europa, y la reforma del sistema realizada en solitario por el PP ha producido en la práctica una congelación (el incremento anual ordinario es de 0,25 puntos). El fondo de reserva, que llegó a ser de 66.800 millones de euros en 2011, se ha agotado en cinco años, y ha sido también preciso recurrir a créditos del Estado para abonar las pagas extraordinarias. La revisión quinquenal del modelo prevista en el propio Pacto de Toledo debió realizarse en 2016, y está ya claro que no habrá más remedio que cargar estructuralmente los 22.000 millones de euros que cuestan las pensiones no contributivas a los presupuestos del Estado... De cualquier modo, es insólito que la opinión pública, tan ambiciosa y atenta en el pasado, permanezca pasiva ante la evidencia de que las pensiones irán perdiendo poder adquisitivo poco a poco, lo que representará una pérdida irreparable del bienestar general, especialmente sensible en las crisis.

El otro gran asunto urgente, inaplazable, es la reforma de la financiación autonómica, cuya radical injusticia no debería mantenerse ni un día más, independientemente de cómo evolucione la cuestión catalana y de si prospera o no la iniciativa de reforma constitucional. Ximo Puig, presidente valenciano, ha publicado el pasado fin de semana un inquietante artículo en el que sale al paso de la propuesta de Urkullu de extender el régimen foral a todas las comunidades y explica que "en el periodo 2011-2014, las comunidades del régimen común recibieron del sistema una media de 2.033,9 euros por habitante. Por su parte, la media de las dos comunidades forales en ese mismo periodo fue de 4.185 euros. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda". Pero aún hay más: "La diferencia entre la autonomía mejor financiada y la peor es más del 30% entre las de régimen común, y eso tiene consecuencias en sanidad, educación y políticas sociales".

Por último, nótese que la parálisis ha llegado a toda la vida parlamentaria. El fin de las mayorías absolutas posibilitaba que algunas leyes elaboradas sin consenso -como la LOE de 2015 y la ley de Seguridad Ciudadana (o 'ley mordaza') también de 2015- fueran sustuidas por normas acordadas, consensuadas por gran parte de la cámara? Ni un solo consenso significativo de esta índole se ha conseguido. Lo que indica no tanto que la Constitución periclite cuanto que la superestructura política es de una gran incompetencia.

Compartir el artículo

stats