Un reciente libro del catedrático Santos Juliá, sobre el proceso que hizo posible la Transición, sirve para encuadrar la importancia crucial de la Constitución española. La carta magna que los ciudadanos nos otorgamos en 1978, inspirada en la mejor tradición jurídica europea, dio respuesta al ansia de libertades democráticas que compartía un país deseoso de normalizar su historia, tras dos siglos plagados de contiendas civiles y cambios de régimen. El éxito de la Transición se sustanció en una Constitución, nacida de un consenso mayoritario y garante de la actual democracia, que obedecía al sueño de la "tercera España" frente a la dialéctica clásica de las dos Españas enfrentadas e irreconciliables. Los frutos en términos de paz civil, prosperidad y estabilidad democrática resultan indiscutibles, pese a todos los legítimos matices que uno quiera introducir. A punto de cumplirse los cuarenta años de su promulgación, España es hoy un país más sólido y plural; una nación plenamente integrada en el corazón de Europa, que comparte con el resto de sus socios buena parte de las dificultades que han definido el arranque de este complejo siglo XXI: la importante brecha de riqueza que se ha abierto entre las distintas clases sociales, el retorno de los populismos, la tentación de renacionalizar la soberanía -como prueba, el Brexit- o los imparables flujos migratorios, por citar algunos ejemplos. No son problemas sencillos, pero las sociedades -y sus gobernantes- deben reflexionar sobre ellos para poder ofrecer soluciones inteligentes. El conflicto abierto con Cataluña -que ha obligado a la aplicación del famoso artículo 155 - ha situado en un primer plano la necesidad de reformular de algún modo el consenso territorial, no para derogar ni dar marcha atrás, sino para actualizar y mejorar el funcionamiento institucional de nuestro país. Las democracias parlamentarias se enriquecen con la experiencia, lo que les permite detectar fallos en el sistema y proceder a una prudente adaptación. Sin embargo, las reformas constitucionales de calado resultan siempre dificultosas y requieren para su éxito consensos amplios e integradores.
La celebración del aniversario de nuestra carta magna el pasado miércoles en el Palau de l´Almudaina evidenció muchas de las dificultades que presenta el diálogo sobre la reforma constitucional. Como tituló Diario de Mallorca, la delegada del Govern, María Salom, y la presidenta, Francina Armengol, expusieron en sus respectivos discursos "dos visiones opuestas de la Constitución": más apegada a la letra estricta de su articulado, en el caso de la política popular, y más abierta a una profunda transformación de nuestro texto fundacional, en el caso de la dirigente socialista. Si para Salom es probable que el actual malestar territorial "pueda resolverse actualizando nuestro modelo autonómico", para Armengol "la desconexión generacional, la aparición de populismos o la crisis territorial se han incrementado ante el inmovilismo". La conclusión obvia de los asistentes al acto fue que ambos partido no comparten un mismo diagnóstico ni un análisis idéntico; sin embargo, debemos tener en cuenta que las palabras de Armengol no reflejan exactamente el posicionamiento mayoritario del PSOE nacional -aunque sí da voz a una de sus sensibilidades: la más cercana al PSC de Iceta- y que, en el caso del PP, también existen posturas distintas: unas más abiertas al cambio que otras.
En todo caso -y tras las palabras de Mariano Rajoy, quien supeditó cualquier reforma constitucional a la obtención de un amplio consenso, que forzosamente iría más allá de un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios-, cabe pensar que este proceso, el cual podría iniciarse en septiembre de 2018, va a exigir una ingeniería fina, sin sentimentalismos y mistificaciones interesadas, que permita dar respuesta a determinadas disfuncionalidades que afectan a nuestra estructura institucional. Y, sin duda, el objetivo de fondo que debe perseguir esta nueva Constitución es garantizar aún más la libertad y la igualdad, la inclusividad y la pluralidad, los derechos y los deberes, en definitiva, de todos y cada uno de los españoles.
