omo es conocido, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que instruye el conflicto catalán -los posibles delitos de rebelión y/o sedición por el referéndum ilegal y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)- ha retirado en una decisión sorprendente todas las órdenes internacionales de detención que la Audiencia Nacional lanzó contra el expresidente Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le han acompañado en el "exilio" belga. Mantiene sin embargo las órdenes internas de detención por si regresan.
La medida es una jugada maestra y refinada, que se basa en argumentos convencionales -el juez teme que extradición por Bruselas fuera condicionada, es decir, se vinculase a algún delito concreto y no a todos aquellos de los que van a ser imputados los sediciosos de aquí y de allí- pero que contiene una poderosa carga de profundidad que destroza materialmente la carrera política de Puigdemont y ennegrece su futuro personal.
En efecto, Puigdemont se "exilió" en un país reconocidamente ambiguo en materia ideológica y judicial -sus propias fracturas internas lo inhabilitan- para cultivar su victimismo y lograr una posición ventajosa. De ahí que, al retirarse la euroorden, la demanda de extradición, el expresidente se ha convertido en un paria errabundo que ya ni siquiera atrae la atención de los medios y que sabe, como sus cuatro compañeros huidos, que si pone el pie en España, será detenido. Y, después de la fuga, la prisión provisional para todos los "exiliados" ya sería segura e ilimitada ya que el riesgo de hurtarse de la acción de la justicia es precisamente una de las causas tasadas de que se adopte esta medida preventiva extrema.
En otras palabras, Puigdemont tiene dos opciones: o quedarse para siempre en el extranjero, en cuyo caso será un personaje objetivamente inofensivo (los belgas no tienen nada que temer, salvo su influencia reconfortante sobre el nacionalismo de allá), o volver para ser encarcelado y juzgado, sin demasiadas esperanzas fundadas de una sentencia benévola. Más bien al contrario.
Los que se fueron a Bruselas tras la fallida DUI lo hicieron con una gran frivolidad, como quien juega a revolucionario (el exilio de una dictadura es otra cosa mucho más dramática y terrible). Y no midieron el alcance de su pirueta. Si Puigdemont se hubiera quedado, su suerte dependería de su propia evolución y también, indirectamente, de las vicisitudes políticas, del desenlace del procés, de la normalización de Cataluña. Sería inconcebible que en una Cataluña normalizada hubiese gente en prisión por haber pretendido la independencia. Pero el expresident, probablemente con el ánimo de parecerse a Tarradellas -hay que reconocer que Puigdemont no ha tenido ni rastro de sentido del ridículo-, jugó al heroísmo de vía estrecha, y hoy está sencillamente fuera del circuito: el proceso electoral discurre sin novedad y a sus espaldas.
La democracia tiene la grandeza de acoger también a quienes la combaten e incluso de defender sus derechos. Pero una cosa es hacer proselitismo de cualesquiera ideas pacíficas y otra totalmente distinta quebrantar la ley y los procedimientos democráticos para imponer las propias tesis o para exigir otro modelo de representación y de convivencia. En cualquier caso, las democracias, tan tolerantes, también se protegen contra quienes no respetan la ley, y para materializar tales criterios, el espacio judicial europeo creó la euroorden, que ha servido por ejemplo para desactivar más fácilmente el nacionalismo violento de ETA (Bélgica fue en este asunto la oveja negra, que se negó a aplicar el automatismo previsto a las extradiciones).
Pero las veleidades de Bélgica, que ya se hacían demasiado premiosas, no deben distraernos del camino trazado: lo sucedido -el intento formal de un verdadero golpe de Estado urdido por unas cuantas personas con poder en la Generalitat y apoyadas en una policía propia de 15.000 miembros que ostensiblemente faltó a su deber el 1-O- es grave, y no va a ser archivado. Puigdemont ya sabe, pues, que sus fantasmagóricas correrías por Bélgica ya no interesan a nadie y que ni siquiera podrá recoger su representaciónp parlamentaria (si la obtiene el 21D) si no regresa a España, donde se le pedirán cuentas.
