El denominado "conflicto catalán" ocupa casi en exclusiva los medios de comunicación, y preocupa intensamente a nuestra clase política. No en vano es, probablemente, la crisis política (no sólo en Catalunya) más relevante desde la Transición Democrática. Pero, a su vez, no deja de ser preocupante los clamorosos silencios sobre múltiples asignaturas pendientes que condicionan nuestro presente y futuro. Especialmente M. Rajoy, Presidente del Gobierno, sigue jugando a verlas venir y pasar. Incluso sigue practicando de Don Tancredo en el proceso electoral en Catalunya, sin que pueda intuirse ninguna iniciativa política a partir de los resultados electorales del 21-D.
Se retrasa ad kalendas grecas la promesa de presentar antes de final del presente año un nuevo modelo de financiación autonómica. La Comisión que evalúa el estado del denominado Estado de las Autonomías, que debería ser la antesala de una necesaria Reforma de la Constitución, deambula cansina en el Parlamento No se sabe si el Presidente Rajoy se comprometió a abrir en seis meses la reforma constitucional, o por el contrario apuesta sibilinamente por una recentralización de competencias. Desde tales silencios, rumores y dudas, resulta imposible diseñar el presente, y menos el futuro, de nuestra Comunidad en base a fortalecer nuestras cotas de autogobierno desde un Estatut enmarcado en un Estado Federal. Mientras, seguiremos dependiendo de los caprichos del Montoro de turno transfiriendo la reducción de la deuda a las CCAA (educación, sanidad€), y a los Ayuntamientos (servicios básicos de proximidad) aplicándoles la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no les permite invertir aunque tengan superávit.
Pero los silencios afectan también al presente y futuro de la economía y del bienestar. El Ministro Guindos, mientras rastrea la posibilidad de un alto cargo en la UE, sigue gozando de sus éxitos macroeconómicos gracias a los vientos favorables de popa (el precio del petróleo, el BCE comprando deuda€). Los riesgos no existen. Ignora que la UE, a pesar de reconocer nuestros índices de crecimiento macroeconómicos, nos avisa de que seguimos a años luz de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) l que posibilitan transformar desarrollo en bienestar. Entre tanto seguimos ocupando el furgón de cola en cohesión social: rentas dispares y brecha salarial, abandono escolar y de la formación posterior, riesgos reales de exclusión económica y social€Tales silencios afectan no sólo nuestra realidad cotidiana, sino también cualquier proyecto estratégico de futuro.
En Balears los índices de crecimiento económico y de creación de empleo son superiores al conjunto de España, pero también tenemos asignaturas pendientes en materia económica y de bienestar social. La reactivación económica, a pesar de ciertas mejoras, no se percibe en el tejido empresarial de las pymes, ni en una real recuperación salarial, ni en un cambio relevante en el mercado laboral cuyos imputs dominantes siguen siendo la inestabilidad (temporalidad y precariedad) y la baja calidad del empleo (mano de obra intensiva de baja cualificación). El modelo vigente es insostenible, nuestra competitividad no se puede basar en el precio del producto en el mercado, ni en empleo barato y de escasa cualificación. Desde la iniciativa pública y privada se apuesta por una mayor diversificación, por la implantación de las nuevas tecnologías y I+D+I, por un acceso a una formación de calidad en FP y Estudios Superiores€Pero aunque tengamos una cierta autonomía en la redefinición de nuestro modelo productivo, seguimos dependiendo de un cuerpo legislativo (impositivo, fiscal, laboral€) estatal monolítico. Valga un botón de muestra: "nuestro" Régimen Especial (REIB) del que nada se sabe más allá de las buenas palabras.
Es cierto que nuestros índices de bienestar son superiores a la media española, pero seguimos instalados en situaciones de riesgo a pesar de haber mejorado. Según el índice AROPE que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión, todavía hay en Balears 211.000 personas (casi el 20% de la población) que viven en riesgo de pobreza o exclusión social. En el año del supuesto gran despegue de la economía, el índice de pobreza sólo ha descendido un 7%. El 53% de la población tiene dificultades para llegar a final de mes y hay 155.000 personas con muchas dificultades o que directamente no tienen dinero para concluir el mes. Las pensiones seguirán agonizando mientras no se replantee un nuevo Pacto de Toledo. Y el empleo remunerado no será garantía de escapar del riesgo de pobreza o exclusión social, mientras no se derogue la Reforma Laboral vigente y se revisen los criterios (entre otros) de fijación del salario mínimo.
No pretendo instalarme en una visión irreversiblemente negativa, pero tampoco reflejar una realidad inexistente propia de un cuento de hadas. Asignaturas pendientes haberlas haylas, y silencios culpables también. Su superación, aunque no fácil, es posible siempre que los ciudadanos exijamos que los gestores del interés general, los políticos, se dejen de monsergas, dejen el burladero y aborden el toro de cara.
