No resulta sencillo orientarse entre los continuos zigzagueos que sigue el caso Cursach. Si algo nos ha demostrado su investigación judicial a lo largo de estos meses, ha sido precisamente la extrema complejidad de un caso que, además del propio empresario, ha implicado a personas de su entorno cercano, a políticos y a policías locales. Semejante maraña debe invitarnos a reforzar, por un lado, la imprescindible prudencia exigida a la hora de analizar las distintas novedades que vamos conociendo y, por otro, a mantener un escrupuloso respeto hacia el trabajo llevado a cabo por la Justicia. El marco actual del caso Cursach consiste en una investigación judicial, compleja y amplia, que cuenta con todas las garantías del Estado de Derecho. Y es a ese marco al que debemos ceñirnos.

Esta semana hemos sabido que una de las testigo clave de la investigación -la testigo protegida número 31- se habría reunido con un abogado de Cursach para explicarle que se había sentido coaccionada "por el juez y el fiscal", y para reconocer que algunas de las declaraciones que hizo durante la instrucción habían sido falsas. No cabe duda de que la documentación que aporta la testigo -en su mayor parte, conversaciones por WhatsApp y grabaciones- debe ser analizada con rigor y valorada dentro del conjunto de la instrucción general. Además, el pasado miércoles supimos que el juez Manuel Penalva ordenó investigar a la susodicha testigo por un presunto delito de falso testimonio, tras acceder a una petición que en este sentido planteó la Fiscalía Anticorrupción. El tiempo -y la justicia- darán y quitarán razones, por lo que es importante dejar que la investigación siga su curso con la máxima normalidad y las máximas garantías.

De hecho, "tranquilidad e independencia" fue lo que solicitó una veintena de jueces tras la larga reunión que tuvo lugar el domingo. «Los jueces -declaró la decana de Palma, Sonia Vidal, al finalizar la misma- estamos unidos en la convicción de que el procedimiento legal y el funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales permite ejercer los derechos y la salvaguarda de la tutela judicial efectiva con plena tranquilidad de los ciudadanos, que pueden confiar en que los jueces trabajan como siempre para que así sea». Por dichas razones, conviene evitar tanto el peligro de una excesiva teatralidad -fue seguramente el caso de la manifestación, el pasado lunes, en las puertas de los juzgados de Vía Alemania- como el de llevar a cabo indebidos juicios paralelos. La petición presentada por los abogados José Ignacio Herrero y Vicente Campaner de detener al juez Penalva y al fiscal Subirán por graves irregularidades en la instrucción fue desestimada por la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJB, el cual consideró que «la adopción de semejantes medidas cautelares constituiría la invasión indebida (o algo más) de un ámbito jurisdiccional ajeno a este tribunal». Los magistrados del TSJB, sin embargo, todavía no se han pronunciado sobre el fondo de la querella presentada en agosto por los abogados de Cursach contra el fiscal y el juez instructor del caso. De nuevo, hay que dar tiempo para que el trabajo de la Justicia prosiga su curso.

"Dura lex, sed lex", reza un conocido adagio latino que recalca la importancia del respeto a las leyes. Sin duda, la independencia del poder judicial constituye la mejor garantía de nuestros derechos y libertades. Es así en todas las circunstancias. Confiemos, por tanto, en esta independencia para que se esclarezcan, tan pronto como sea posible, las eventuales responsabilidades a las que pueda dar lugar un caso tan complejo.