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Antonio Papell

TV3 y otras manipulaciones

El Gobierno, que aplicó por consenso con otras fuerzas el artículo 155 de la Constitución para reducir el intento secesionista de Cataluña, no intervino TV3, a pesar de que algunas voces lo reclamaban con énfasis, por respeto a la libertad de expresión. En una democracia, es antiestético y perturbador amordazar desde el poder un medio de comunicación, aunque se haga con garantías y dentro de la legalidad, por lo que la decisión no fue desatinada.

Pero este pudor gubernamental no ha moderado a la televisión autonómica, cuyos responsables, atentos al dictado de los antiguos ocupantes de la Generalitat, fueron cooperadores necesarios del proceso soberanista hasta extremos no sólo incorrectos sino también inmorales, y continúan ahora por sus fueros, sólo constreñidos por la autoridad electoral que ya les ha reprendido. El sectarismo de partido con que se busca confundir a la gente, aportarle elementos de juicio manipulados, no es un bagaje aceptable en un periodismo decente. Y mucho menos si esta profesión se ejercita en un medio público, que se debe a la totalidad de la ciudadanía. Claramente hay que decir que en una Cataluña compleja como la actual, en que el soberanismo y el constitucionalismo pugnan desde posiciones de fuerza muy semejantes, no es lícito decantarse con fervor partidista y de forma sistemática a través de los altavoces públicos, como cualquier televidente habrá podido comprobar en los cinco canales de la televisión catalana y en Catalunya Radio.

Pese a la inhibición del Gobierno, la Junta Electoral Central ha actuado a instancias de algún partido que concurre a las elecciones del 21-D. En resoluciones de obligado cumplimiento, sólo recurribles ante el Supremo, dicha institución considera que TV3 ha sido "negligente" en defensa de los principios de igualdad y neutralidad informativa y critica que los medios públicos catalanes se refieran "en beneficio de determinadas candidaturas" a Carles Puigdemont y los exintegrantes de su Gobierno como "president" y "consellers", pese a que ya han sido destituidos. También censura la cobertura que realizó TV3 de la manifestación del 11 de noviembre en favor de la liberación de los líderes de Òmnium y ANC e insta a los medios públicos catalanes a respetar "con escrupulosidad" los principios de neutralidad informativa e igualdad durante el periodo electoral. La decisión adoptada por la JEC va más allá de una resolución anterior de la Junta Electoral provincial de Barcelona, que declaró que la televisión pública catalana infringe el principio de neutralidad informativa al utilizar las expresiones "Govern en el exilio" y "consejeros exiliados" para referirse a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros catalanes que se marcharon a Bruselas tras ser destituidos en aplicación del artículo 155. Además, también prohibió a TV3 referirse al exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros que están en prisión provisional como "consejeros encarcelados".

El audiovisual público español tiene tras de sí una historia poco edificante ya que durante décadas estos medios fueron una prolongación del poder ejecutivo, primero en dictadura, después en democracia. De hecho, hasta la reforma de Zapatero del 2006, la radiotelevisión estatal no estuvo presidida por un director general designado por consenso parlamentario con una clara mayoría de dos tercios, lo que dio como resultado la neutralización ideológica del ente. Rajoy, a su llegada, volvió al esquema anterior pero ya no fue posible reproducir viejos estereotipos de parcialidad y, a la postre, una nueva reforma acaba de devolver la pluralidad a RTVE. Telemadrid, después de una también dilatada etapa de descarado partidismo, se ha sometido a pautas análogas de pluralismo.

El resto de las televisiones autonómicas -hay que decirlo claro„ se mantienen impertérritas como organismos de publicidad y propaganda de los gobiernos de turno. Y esto no es tolerable. O sea que, o rectifican en un plazo prudencial, o será exigible una ley estatal de bases que les obligue a designar sus órganos directivos mediante mayorías parlamentarias cualificadas. La responsabilidad en este asunto corresponde a los políticos, que imponen las pautas de parcialidad, aunque algunos periodistas que son brazos ejecutores de la manipulación deberían hacer un intenso examen de conciencia profesional.

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