Quien conozca con algún pormenor nuestro pasado reciente, debería inquietarse ante la evidencia de que han ido cediendo casi todos los resortes del estado de bienestar que proporcionaban seguridad a los ciudadanos. En nuestro país, pasamos en los años setenta desde el paternalismo autoritario del franquismo, que se jactaba de perseguir el pleno empleo y de criminalizar los despidos, a un modelo sociopolítico y laboral semejante al socialdemócrata europeo que regía en la mayoría de los países occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Tras aquella mudanza, que nos complació sobremanera a los demócratas porque estábamos dejando de ser diferentes y nos empezábamos a asemejar a los regímenes demoliberales que nos embelesaban, llegó con ímpetu la oleada neoliberal en los años ochenta - Thatcher en el Reino Unido y Reagan en Norteamérica„, que llevaba en el frontispicio la consigna de la liberalización y la desregulación. Todo lo reglado debía dejar de estarlo; el trabajo debía ser considerado un factor de producción más, sujeto al mercado sin miramientos; el Estado había de quedar reducido a la mínima expresión; cualquier idea de planificación era nefasta.
Aquella pulsión liberal desmanteló con escasas excepciones una cierta idea avanzada de civilización que conjugaba seguridad y libertad. Pero, además, cuando estaba estabilizándose el nuevo modelo, llegó la gran crisis global de 2008 que terminó de arrasar en nuestros países los mecanismos de protección social y que, en lugar de ser combatida con terapias anticíclicas, se intentó resolver mediante absurdas políticas de austeridad que terminaron de reducir lo público a la mínima expresión y dejaron a los ciudadanos abandonados a su suerte. La inercia desreguladora era tan fuerte que Francia, gobernada por socialistas, no puedo evitar sumarse al desmantelamiento general de lo público.
Este proceso ha causado una gran pérdida de valores y referencias. En España, por poner el ejemplo más a mano y seguramente uno de los más estrepitosos, habíamos construido un sistema modélico de previsión social que ha proporcionado asistencia sanitaria y cobertura de jubilación en condiciones razonables? hasta ahora. Diversos factores, como el envejecimiento creciente de la población, han obligado a modular el sistema de pensiones, a endurecer los requisitos de acceso, etc. Y en 2013 se tomaron medidas que en otro tiempo hubieran resultado inconcebibles (y que desde luego no hubieran sido toleradas ni por los sindicatos ni por la opinión pública en general), como es la práctica congelación de las pensiones al desindexarlas de los precios y los salarios y condicionar su evolución a la salud financiera del sistema.
El borrador del Ageing Report 2018, el informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea, que era divulgado la pasada semana, confirmaba que España tiene el dudoso honor de ser el único país de la Unión Europea que desvincula totalmente el alza de sus pensiones a los precios y a los salarios. De hecho, durante cuatro años seguidos las pensiones han subido un misérrimo 0,25%, que es el mínimo previsto en la ley cuando el sistema no alcanza el equilibrio? Un equilibrio que no es posible recuperar si no se financian con cargo a presupuestos determinadas prestaciones no contributivas y si no se revisan al alza las cuotas, que han sido reducidas artificialmente para facilitar la contratación y el empleo.
Resulta sorprendente, en fin, que ni las formaciones en el poder ni las que están en la oposición, los partidos de derechas y de izquierdas, los sindicatos de clase y las asociaciones profesionales hayan asistido pasivamente, sin manifestar indignación, a una congelación de pensiones que, a medio plazo, sumirá en la indigencia y hasta en la miseria a los jubilados? cuyos ingresos no son espectaculares pero que han servido, por cierto, para paliar la necesidad más perentoria de sus familias durante esta profunda crisis de la que -se supone- estamos saliendo.
El pasado no es recuperable, pero quizá sí sea este el momento de reconsiderar cuál es el papel del Estado, de lo público, en unos modelos políticos de los que no pueden desaparecer conceptos como la equidad o la solidaridad.
