Se pregunta la gente, al paso de las llamativas manifestaciones de los policías nacionales y los guardias civiles, cómo puede ser que los dos cuerpos de seguridad estatales cobren bastante menos que sus equivalentes autonómicos: los Mossos y la Ertzaintza. Desde cualquier punto de vista, con independencia de las posibles valoraciones políticas, el hecho de que un mosso cobre más que un policía nacional es algo que llama la atención de cualquiera.

¿Cómo, a igualdad de funciones no hay igual salario? Pues no, señores. ¿Y eso cómo puede ser? Pues porque en el Estado autonómico los cuerpos nacionales y los autonómicos tienen diferentes ámbitos de negociación colectiva, y en el ámbito autonómico y local, por lo visto, los negociadores tienen mejor predisposición a mejorar condiciones laborales.

Vamos a ver, ¿el dinero que se paga a un mosso y a un guardia civil no sale del mismo sitio? Pues sí, claro, de Hacienda, de nuestros impuestos. Entonces, ¿si hacen el mismo trabajo, de acuerdo con sus competencias, cómo puede consentirse esto? ¿Cobrar lo mismo por el mismo trabajo no debería ser algo básico en un Estado de Derecho? ¿Es admisible a estas alturas que exista discriminación salarial en España? Por lo visto sí.

Las razones, aparte del buen trabajo de los que se sientan a negociar, deberemos buscarlas en las complejas relaciones laborales. La cercanía de los centros de decisión respecto a la realidad que han de regular sería la principal. Están cerca los unos de la otra, y los problemas se entienden mejor, pero también salpican más y se sabe el nombre y apellidos de los responsables. En Madrid la cosa se diluye, la maraña administrativa es inabarcable y difusa. Y el Gobierno cuenta con ello.

Al estar más cerca y ser menos, los colectivos afectados tienen más ocasiones de apuntar objetivos y aunar fuerzas. En el ámbito estatal, en cambio, el personal es diverso y está mucho más disperso. Ponerlos a todos de acuerdo, como pasó en la huelga de Justicia de 2013 se hace difícil. Entonces la pregunta que se hacía la gente era: ¿Cabe en la cabeza que un funcionario del Tribunal Supremo cobre menos que uno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Aquello fue un caudal de indignación colectiva que consiguió algunos avances y que mucha gente no entendió ni quiso entender. Aún hoy en día ver a empleados públicos protestando por sus malas condiciones laborales indigna a la ciudadanía y, quizá, con motivo. Pero no hay que olvidar que cada puesto de trabajo de cada empleado público es un pedazo del Estado. Del Estado de las prestaciones, de la asistencia, de la vertebración social y económica, del Estado del Bienestar, etc. En suma, los profesionales que prestan servicios públicos deben tener salarios acordes a esa realidad.

El salario medio de un funcionario del DNI, de Extranjería, del SEPE, de la Seguridad Social, del INE, que lo sepa la gente, es de menos de 1200 euros. El de un funcionario autonómico es de 1800.

El Gobierno es mucho Gobierno, gobierne el PSOE o gobierne el PP. Desde que hay Gobiernos, desde antes de la Democracia ? en esto las cosas no han cambiado tanto ?, el salario del funcionario o del personal laboral ha sido solo una variable en una ecuación del resultado predeterminado. Si el resultado no es el deseado de acuerdo con las expectativas del Gobierno de turno, se hace un ajuste en las retribuciones del personal y tira millas: se te quita una paga extra, se te congela el sueldo, Zapatero te roba un 5 por ciento, te suben el salario por debajo de IPC etc. De esta manera llevamos arrastrando una pérdida de poder adquisitivo del 17% en la última década. Y no conocemos acuerdos de carrera profesional que amortigüen el golpe como en otras administraciones. En estos momentos, la mejor noticia que podría recibir un empleado público estatal es que va a ser transferido a otra Administración. Así es, y así será siempre, a no ser que los gobernantes que vengan (a los actuales no les pediremos tanto) tomen conciencia y empiecen a pagar a sus funcionarios estatales como merecen.

Desde septiembre se han ido sucediendo las manifestaciones de policías nacionales y guardias civiles pidiendo la equiparación, el sábado 18 de noviembre la última de ellas. Los recientes acontecimientos han avivado la cuestión y hay que aprovecharlo para sacar el megáfono y las pancartas para denunciar las desigualdades. Su ministro Zoido ya ha insinuado que en los próximos presupuestos se tomarán medidas para acercarles a la ansiada equiparación. Pero ¿y Cristóbal Montoro? El ministro de Hacienda y Función Pública aún no se ha manifestado y, la verdad, parece estar bastante lejos de reconocer que el resto de trabajadores del Estado padecemos la misma discriminación, aunque no resulte tan visible.

*Representante de UGT en el comité del personal laboral de la Administración General del Estado en Baleares