El Congreso aprobó el martes la tramitación exprés para renovar el cupo vasco, el régimen económico especial del País Vasco, y ayer lo remitió al Senado con el voto de la mayoría, incluidos PP, PSOE, PNV y los nacionalistas catalanes; Ciudadanos y Compromís se oponen frontalmente a mantener el modelo. Esta celeridad, a la que los vascos tienen efectivamente derecho constitucional inobjetable, persigue conseguir que el PNV apoye los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que el Gobierno de la Nación tramitará en enero.
La singularidad de los territorios forales está -hay que insistir en ello- en la Constitución, y sería un tremendo disparate abrir por esta causa un conflicto territorial. Sin embargo, los grandes partidos estatales tendrían que tener la decencia de manejar el asunto con la debida sensibilidad. Porque, efectivamente, se entiende mal tanta celeridad en este caso cuando la financiación de las demás comunidades autónomas hace agua por los cuatro costados y genera desigualdades y agravios todos los días.
Trátese con delicadeza al País Vasco, pero hágase lo mismo con Valencia, Andalucía, Balears, etc. Si así no se hace, la evitación de problemas en algún lugar los desencadenará irremisiblemente en otros.
