Hoy es el día. El Congreso de los diputados aprobará por la vía rápida, mediante lectura única „que impide la presentación de enmiendas parciales„ una modificación del llamado cupo vasco, el régimen fiscal particular que recibe esa comunidad autónoma. Y no eliminando esa injusticia sino aumentándola. El Partido Popular, el Socialista y Podemos se han puesto de acuerdo para sacar adelante un proceso de reparto de los dineros de la administración pública que agrava aún más las profundas diferencias existentes entre los ciudadanos españoles en función de la comunidad a la que pertenecen. Si se tiene en cuenta que la crisis de Cataluña, la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 son consecuencias directas de esas diferencias, resulta difícil imaginar qué idea tienen en la cabeza los responsables políticos del reino para resolver el problema gravísimo del nuevo orden constitucional necesario.
Sólo Ciudadanos y, a última hora, Compromís parecen entender lo que es obvio: por este camino, no. La operación que ahonda los agravios en España tiene una explicación sencilla: el PP necesita el apoyo del Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los presupuestos de 2018. Pero el problema de fondo continúa en pie: ¿cuál es el nuevo acuerdo de convivencia entre las comunidades autónomas que habrá de sustituir al de la Constitución de 1978? Ya sea cambiando o reformando su contenido, algo habrá que hacer para encajar no sólo una Cataluña que se siente maltratada sino el resto de las distintas partes del Estado a las que, si la situación actual del cupo vasco les imponía ya un trágala, el cambio que se hará hoy agrava ese conflicto.
La nueva España que hemos de poner en marcha entre todos sólo puede salir bien si se parte de un borrón y cuenta nueva, definiendo lo que de hecho va a ser un Estado federal, lo llamemos como lo llamemos, a partir de cero. Es decir, un sistema de reparto de cargas y beneficios armado de manera definitiva, sin picarescas que lleven a sacar más provecho comprometiendo el voto ya sea en la investidura presidencial o en el apoyo a los presupuestos. Una elección directa, no a través de las Cortes, del presidente por mayoría de votos es un cambio imprescindible para evitar los cambalaches. Pero, además, el régimen foral con raíces en las guerras carlistas tiene que desaparecer si se quiere conseguir un sistema equilibrado. El problema consiste en saber cómo se le pone el cascabel a ese gato. Un requisito tan imprescindible como difícil, a juzgar por lo que va a suceder hoy en el Congreso. Pero o bien se pacta un nuevo sistema que anule todos los privilegios, o la crisis originada por el disparate del proceso soberanista catalán va a ser un juego de niños comparado con lo que nos caerá encima. Con el misterio a resolver acerca de cómo es posible que ni el Partido Popular, ni el Socialista, ni Podemos quieran darse cuenta de lo que está pasando.
