El descaro con que TV3 ha actuado en el conflicto catalán, tras su decantación hacia las tesis soberanistas con el más completo y sectario olvido de las pesiciones contrarias, no debería quedar impune y habría de servir de argumento para elaborar una normativa estatal, transversal, que impusiera inexorables pautas pluralistas a las televisiones autonómicas públicas.
El pasado 21 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, impulsada por Zapatero y que había sido modificada por Rajoy para eliminar la elección del consejo de administración por mayoría cualificada. A partir de ahora, la dirección del ente público habrá de consensuarse hasta lograr una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja. Asimismo, en 2015, ya se había reformado la normativa de Telemadrid, que también establece que la Asamblea tiene que aprobar el nombramiento de director general por mayoría de dos tercios.
Otras comunidades autónomas -Cataluña entre ellas„ no requieren esta mayoría cualificada, y de ahí la parcialidad de sus medios audiovisuales. ¿No sería posible promulgar una ley de bases que pusiera fin esta anomalía y obligara por este medio a la debida neutralidad?
