Hace unos días vi por televisión una entrevista que se le hizo a Alberto Garzón, quien expuso que en la ciudad de Linares, que cuenta con pocos habitantes, la mitad de ellos estaba en el paro por el cierre de una empresa. Asimismo el 2 de octubre de 2017 ha habido una manifestación en Palma llevada a cabo por pensionistas, en la que se quejaban que las pensiones oscilaban entre 500 y 600 euros mensuales, por lo que no podían vivir. Verdaderamente con dichas cantidades resulta imposible vivir. Independientemente de la cuestión de las pensiones, resulta que el paro es una lacra social. Cuando se te presenta a alguien normalmente hoy se te dice que tiene determinadas cualidades, como estudios y que además goza de un empleo. ¿Qué ocurre con los empleos? Pues sencillamente, en mi opinión, que después de la reforma laboral que llevó a cabo el PP cuando tenía mayoría absoluta, no tan sólo la indemnización por despido es muy baja, sino que también se puede contratar por periodos bajos, incluso semanas o días, por lo que el desempleo o paro es la norma frecuente. Téngase en cuenta que el empresario lo que quiere es sacar el máximo provecho a su empresa, pues esa es su finalidad.

Frente a esta situación, en mi opinión, además de subir las pensiones a un mínimo de 1.000 euros al mes, se debe derogar la legislación laboral sustituyéndola por otra que establezca un periodo de trabajo de un año como mínimo, una indemnización mayor para el caso de despido y un salario mínimo de 1.500 euros mensuales, incluyendo en el mismo las pagas extras. Sé que muchos empresarios pondrán el grito en el cielo, pero que tengan en cuenta que sus trabajadores efectuarán su trabajo más a gusto y, por tanto rendirán más. Creo que ya lo he dicho en otros artículos, pero mis empleados nunca me han pedido aumento de sueldo, pues yo se lo he subido cuando lo creía necesario. Hoy, ya jubilado, tengo la satisfacción de recibir llamadas de mis secretarias para preguntarme por mi salud y para decirme lo a gusto que estaban en su trabajo.

* Ex decano del Colegio de Abogados de les Illes Balears