Ya se sabe -y lo digo con cierta ironía„ que el patriotismo es una virtud que arrasa cualquier interés material, por lo que cabría suponer que las contrariedades económicas que ha traído consigo el "procés" para la población de Cataluña tendrían escasa relevancia en la marcha de la lucha política del soberanismo.
Las cosas podrían ser de este modo épico si, realmente, el pueblo catalán estuviera insoportablemente oprimido y una inmensa mayoría de catalanes coincidiera en creer que la liberación nacional del yugo intolerable de los castellanos era/es una necesidad perentoria e inaplazable. Pero mucho me temo que tal yugo sólo es percibido por una exigua minoría que ha ocupado su tiempo en inventarlo, en tanto la inmensa mayoría, incluidos muchísimos independentistas, no ve por parte alguna la urgencia de cambiar el statu quo, que (esta es otra cuestión) dejaría el país -Cataluña- en manos de unos sectarios que eliminarían del mapa, al menos en sentido metafórico, a quienes pensaran distinto. Dicho más claramente, no parece muy osada la opinión de que incluso el independentismo es partidario de que la evolución a la independencia se haga con los menos costes posibles para Cataluña y los catalanes.
La realidad, sin embargo, no parece garantizar que la pugna por conseguir la independencia esté siendo económicamente inocua. La salida de Cataluña de más de dos millares de empresas, entre ellas la práctica totalidad de las financieras y de las del Ibex 35, no es anecdótica, y representa un empobrecimiento objetivo de la región, que ha sido hasta ahora la más dinámica de España. Asimismo, la caída de las reservas turísticas refleja no sólo la fragilidad del negocio sino también la incidencia de la inestabilidad política en la elección de destino por los viajeros potenciales, algo que ya conocen bien los países del Mediterráneo Oriental. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha demostrado con hechos su independencia de los intereses gubernamentales, avisaba a principios de mes de que el PIB catalán se estancará en 2018 si la crisis persiste. Más concretamente, este organismo cree que, si se mantiene la inestabilidad, el incremento del PIB durante el próximo ejercicio podría verse reducido a cero, con una caída sobre la previsión inicial del 2,7%, en tanto el crecimiento del PIB del conjunto de España podría caer en un 1,2% (lo que la Airef denomina el 'shock común'). Habría, pues, un 'shock idiosincrático' -diferencia entre el efecto en Cataluña y en todo el Estado„ de hasta el 1,5%.
La Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, también ha realizado sus propios cálculos: el crecimiento español en 2018 será del 2,6%, cinco décimas menos que el año en curso, de las que la mitad serían a consecuencia de la crisis catalana. Según el BBVA, la crisis costará entre 0,2 y 1,1 puntos del PIB español en 2018. Bruselas cree, como el Gobierno español, que el PIB para 2018 crecerá el 2,3%, cinco décimas menos a causa del conflicto catalán. Y ya hay datos que informan de que el empleo se ha comportado pésimamente en Cataluña durante el mes de octubre, lo que indicaría una caída de la actividad. Además, el WMC está en el alero y parece que la Agencia Europea del Medicamento no irá definitivamente a Barcelona. Es lógico pensar que la inversión huye de los territorios conflictivos.
Todo lo anterior es conocido, pero no por ello es menos pertinente la pregunta que más de uno se formula tras efectuar esta clase de análisis: ¿tiene sentido rebajar el nivel de vida de los ciudadanos de Cataluña para sacar adelante unas ideas políticas rupturistas que „los hechos son tozudos„ no van a mejorar la posición relativa de Cataluña sino al contrario? A estas alturas, aquellas afirmaciones absurdas de Junqueras y compañía, desmentidas con contundencia por Borrell y otros ilustres economistas, que auguraban más riqueza y prosperidad para una 'Cataluña libre', no tienen credibilidad alguna. ¿Es, en fin, razonable persistir en el mismo camino tras observar las primeras consecuencias del golpe de mano, que no será consentido, en su formulación ilegal y por tanto antidemocrática, ni por España ni por Europa?
